El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aboga por sacar del sistema judicial los juicios de faltas, "que afectan a asuntos de poca trascendencia jurídica, aunque tengan trascendencia social", con el fin de dedicar los recursos de la Fiscalía a "tareas verdaderamente sensatas".
En una entrevista concedida a Europa Press, Torres-Dulce ha manifestado que ya ha trasladado su propuesta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y ha citado la última Memoria de la Fiscalía para destacar que actualmente son casi 350.000 las vistas anuales a las que tienen que asistir los fiscales en asuntos, como los de faltas, "que en ningún país del mundo civilizado se dilucidan dentro de la jurisdicción sino fuera, bien en tribunales de policía administrativa, bien por la propia ciudadanía".
A su juicio, "si logramos expulsar las faltas, veremos que buena parte de la plantilla del Ministerio Fiscal podrá dedicarse a tareas verdaderamente sensatas en cuanto a las finalidades de los bienes jurídicos que tienen la protección".
Además, el fiscal general del Estado propone incrementar la eficacia de los denominados procedimientos rápidos, ir a lo que se conoce como "juez del mazo". Es decir, que los delitos flagrantes, que no necesitan instrucción, "sean enjuiciados inmediatamente".
La mejora de los juicios rápidos tendrá además una "gran influencia en la percepción ciudadana", según el fiscal general, porque son los que se dan con más frecuencia.
Sobre los planes ya anunciados por el Ministro de Justicia para potenciar la figura del fiscal en la instrucción penal , Torres-Dulce señala que su opinión depende del modelo que proponga finalmente el departamento que dirige Ruiz-Gallardón.
"No voy a aceptar un modelo de investigación para el Ministerio Fiscal en el que no se nos aseguren los medios económicos o de plantilla que garanticen la eficiencia -ha advertido el fiscal general-. Tampoco voy a aceptar un modelo que atribuya unidades de policía dependientes exclusivamente de la Policía y de peritos tributarios dependientes sólo de la Agencia Tributaria".
A su juicio, tanto el Ministerio del Interior como Hacienda tienen unas finalidades de política criminal o tributaria "que son muy razonables pero que no pueden conectarse en modo alguno con la finalidad del proceso, que es investigar parcialmente la realidad de los hechos".
Torres-Dulce reconoce que existe el "sambenito injustificado" de que la Fiscalía actúa como "la larga mano del Ejecutivo", y que si se va hacia una ruptura del modelo actual de la instrucción penal "hay que romperlo totalmente e ir al modelo de los países en los que funciona de forma sensata".
Si no es así, "la Fiscalía va a rechazar un modelo que sea simplemente cambiar cromos, que sea colocar al fiscal y seguir con los modelos actuales de investigación penal, que creo que es un modelo totalmente superado", ha anunciado.
A modo de autocrítica, Torres-Dulce ha reconocido que existe un exceso de funciones atribuidas a los fiscales a las que no se llega en determinadas circunstancias.
Sobre el Libro Blanco de la Fiscalía en el que trabaja desde su nombramiento, Torres-Dulce explicó que tratará de evidenciar la situación real de la Fiscalía, como su actual nivel presupuestario, infraestructuras y medios tecnológicos, así como reflexionar sobre el despliegue de la plantilla y los medios de formación.
"Desde mi punto de vista es necesario hacer más visible al Ministerio Fiscal, que no se le vea implemente el titular de la larga mano del Gobierno. Debe ofrecerse una radiografía exacta contada desde dentro con un criterio no sólo crítico sino también autocrítico con esas cosas que no estamos haciendo bien", ha manifestado.
El proyecto ya está en marcha, ya que antes del verano se celebrarán juntas de fiscales en todos los territorios y los resultados se pondrán en común junto con los informes que ya han sido solicitados a los diferentes fiscales jefe. La evaluación se ha abierto también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los colegios de abogados y procuradores.
Una segunda fase, entre septiembre y diciembre de este año, pasará por dar forma a todo el material que se reciba de tal forma que el texto pueda publicarse como muy tarde en mayo del próximo año.
A lo largo de la entrevista, Torres-Dulce ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Gobierno de aplicar la denominada "prisión permanente revisable únicamente a los condenados por terrorismo, por tratarse de "una decisión de política" criminal en la que no le corresponde entrar. No obstante, una vez esta reforma se aplique la el Ministerio Público "hará la valoración correspondiente en su memoria anual".
Sobre otras propuestas de Ruiz-Gallardón, la "custodia de seguridad" para delincuentes especialmente peligrosos una vez concluyan la pena de prisión, el fiscal general ha reconocido que este tipo de medidas pueden tener dificultades de encaje constitucional, aunque son superables.
"Cualquier apertura de la situación penológica para este tipo de delitos horrendos hay que considerarlo desde esta perspectiva constitucional, y habrá que ver de qué forma conecta el fin expiacionista de la pena con el fin constitucional de reinserción social", ha señalado.