Un exalto cargo de IU-Andalucía, imputado por el caso Mercamed

El exvicepresidente de la Diputación Provincial de Granada en el anterior gobierno de coalición provincial PSOE-IU, Julio Bernardo, está siendo investigado por la presunta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex -usados para la organización de la feria empresarial Mercadmed en la ciudad de Tetuán en Marruecos- y la realización del proyecto de un museo en la ciudad de Xauen, también en Marruecos.

Ha sido el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, el que ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas María del Mar Franco, pareja de Francisco Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y once trabajadores de la Diputación. Los presuntos delitos son los de prevaricación, malversación de causales públicos y falsificación de documentos mercantiles y fueron denunciados por la Fiscalía.

El pasado día 26 de marzo, la Fiscalía Superior de Andalucía dio traslado a un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El exvicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

La Policía Judicial ha detectado "dos tramas". Con la primera, informa ABC, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

La actual vicepresidenta de la Diputación Provincial, Luisa García Chamorro (PP), ha anunciado que la Diputación granadina estudia personarse en el proceso "para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas", pues "se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y se están poniendo en riesgo los fondos europeos". Además, ha dicho que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".