Los magistrados del Tribunal Constitucional han advertido a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, de que este órgano "adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean", en protesta por la falta de acuerdo para renovar a los magistrados cuyo mandato ha finalizado.
Así lo ha expresado el pleno del Constitucional en un acuerdo adoptado este martes por unanimidad de los once magistrados que lo componen desde el fallecimiento en 2008 de Roberto García-Calvo, cuya plaza sigue sin cubrirse por la incapacidad de los dos grandes partidos para llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados.
La Cámara baja también debe renovar a otros tres magistrados -Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2010 y que "llevan ya más de dos años y medio ejerciendo como tales porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde", dice el Constitucional en su acuerdo.
"Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el Pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación", avisan.
La decisión sobre Sortu, pendiente
El texto ha sido consensuado durante la reunión que el pleno ha celebrado este martes, en cuyo orden del día figuraba entre otros asuntos el debate de la ponencia que la magistrada Pérez Vera ha redactado sobre el recurso que Sortu interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción como partido político.
La reunión ha finalizado sin que esta cuestión fuera abordada, ya que los magistrados han decidido retomar su protesta ante el incumplimiento por parte de los dos grandes partidos de la renovación del tribunal, un asunto en el que el presidente de este órgano, Pascual Sala, ha insistido en cada una de sus comparecencias públicas desde su toma de posesión.
Así sucedió, por ejemplo, el pasado 23 de abril durante el acto de graduación de la primera promoción del máster en Gobernanza y Derechos Humanos celebrado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando recordó a los partidos que no renovar el tribunal "es incumplir la Constitución".
Hoy, el pleno ha dado un paso más y ha amenazado con tomar medidas "drásticas" si la situación se prolonga, lo que en opinión de expertos constitucionalistas consultados por EFE no puede traducirse en otra cosa que en la renuncia de los tres magistrados cuyo mandato ha caducado, repitiendo lo que ya hicieron el 13 de junio de 2011, aunque entonces Pascual Sala rechazó las dimisiones.
En esta ocasión, sin embargo, el tono del acuerdo adoptado esta mañana indica, según esos mismos expertos, que el presidente estaría dispuesto a aceptar las renuncias, lo que colocaría al Constitucional en una situación límite, con solo ocho magistrados, es decir, el "quorum" mínimo para tomar decisiones, que la ley fija en dos tercios de sus miembros.
Cualquier ausencia -por enfermedad, por ejemplo- impediría entonces la celebración de plenos en un tribunal que aún no ha resuelto el recurso que el PP interpuso en 2005 contra el matrimonio homosexual.