El PP exige a IU apoyar la comisión de investigación sobre Invercaria

Además de la comisión de investigación del caso de los ERE, el Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado la solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de fondos públicos llevada a cabo por la sociedad pública Invercaria entre 2005 y 2010, cuyas irregularidades están investigando ya la Fiscalía del TSJA y el Tribunal de Cuentas.

El PP insiste en que el caso Invercaria da a conocer un "segundo fondo de reptiles" tan irregular como el de los ERE. "Estamos ante otro gran caso de presunta corrupción que mancha a buena parte de Gobierno andaluz, otro monumental escándalo, un fraude que va a tener importantes repercusiones políticas y jurídicas por el mal uso de los fondos públicos" y se mostró contundente con el apoyo que IU debe hacer a tal solicitud para no perder más credibilidad.

Sanz aludió a las declaraciones de hace dos meses del coordinador general de IU en Andalucia y actualmente vicepresidente del gobierno Griñán, Diego Valderas, cuando dijo sentir "vergüenza ajena por la corrupción interminable de los ERE e Invercaria". Para el secretario general del PP, "con declaraciones como éstas, no tengo ninguna duda que, por su coherencia, Izquierda Unida va a apoyar la comisión". Añadió que consejeros de la Junta y exresponsables autonómicos como los socialistas Antonio Ávila, Mar Moreno, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo habrían desempeñado un "papel fundamental" dentro de un "trama inaceptable de uso indebido de fondos públicos".

Los populares denuncian que Invercaria ha recibido en su etapa de actuación -entre 2005 y 2010-, unos 70 millones de euros, de los que unos 50 millones "nunca se recuperaron", y donde "una parte fundamental" está en lo que han denominado "triángulo de Jaén".

Los secretos de Invercaria

De Invercaria se conoce muy poco. Incluso la investigación de la Cámara de Cuentas, como recuerda este martes el diario ABC, tiene lagunas y sombras inexplicables. De hecho, advirtió hace dos años sobre las zonas de sombra de la empresa pública andaluza. Lo hizo en febrero de 2010 y febrero de 2011, un año antes de que saliera a la luz el informe que confeccionó destapando sorprendentes irregularidades en la gestión de la empresa dedicada al capital riesgo: concesión de préstamos sin control y al margen de la norma, pagos irregulares a trabajadores y gastos sin justificar con una tarjeta Visa del expresidente.

Posteriormente, el escándalo subió de tono cuando se difundieron las grabaciones realizadas por el exdirectivo Cristóbal Cantos a su entonces jefa y presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, donde ésta supuestamente le inducía a "inventar" informes con fechas, hacía comentarios cínicos sobre la ética y la Junta de Andalucía y datos falsos sobre la actividad de Invercaria con empresas.

En febrero de 2010, la Cámara de Cuentas hizo constar que "no se ha recibido la documentación solicitada a las entidades públicas" que mencionaba en un cuadro. De hecho, Invercaria, a pesar de estar obligada por su carácter público, aportó una documentación "parcial" sobre sus cuentas al cierre de 2008. Tampoco informó con precisión sobre la entrada en el capital social —con préstamos participativos— de sociedades andaluzas que echaban a rodar.

Según ABC, "muchas de las empresas 'ayudadas' tuvieron resultados desastrosos. La Cámara, que fiscalizó la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, enumeró 38 proyectos empresariales que había financiado hasta 2008. En 14 de ellos (36 por ciento) Invercaria no le había comunicado el paquete accionarial que tenía y su valor. Paradigmático es el caso de la fábrica de televisores planos EDM, de Mancha Real (Jaén), que cerró a los 70 días de haber recibido 4,75 millones de euros. Otras de las sociedades carentes de documentación, lo que se especifica en el informe con la abreviatura s/d (sin datos), son Fumapa SL, Faasa, Berhanyer Shomarker SL o Vehículos Móviles Versátiles SL."

Un año después, la Cámara volvió a echar en falta documentos sobre los proyectos financiados, aunque en menor medida. Fue en 2012 cuando otro informe reveló anomalías que dieron pie a una investigación a tres bandas: por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla y el Tribunal de Cuentas de Madrid.

Declaración del ejecutivo despedido por Invercaria tras la difusión de sus grabaciones

Hoy martes se inicia en el juzgado de instrucción 16 de Sevilla la investigación sobre la empresa pública Invercaria con la declaración testifical del ex directivo Cristóbal Cantos para que ratifique su denuncia y la grabación aportada sobre las presuntas presiones para hacer informes falsos. Según El Mundo, ésta es la primera declaración que toma el juez a quien presentó en el juzgado una grabación con las presuntas presiones de la entonces presidenta de la empresa, Laura Gómiz, para falsear informes sobre los proyectos en los que invertía la sociedad de la Junta de Andalucía. Estará presente en el interrogatorio uno de los fiscales especializados en delitos económicos en Sevilla.

Cantos presentó la grabación a la juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, pero ésta la envió a reparto por entender que no guarda relación con el fraude en las ayudas que ella investiga, en una decisión respaldada por la Fiscalía. En la grabación, la directora de Invercaria, Laura Gómiz, dijo, entre otras cosas, a su subordinado el pasado 26 de abril: "si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización". Tras reconocer ayudas concedidas sin respeto alguno por los procedimientos exigió la elaboración de informes falsos a Cantos. Tras negarse este, se expresó así: "Entonces no me vales como trabajador de Invercaria".

Cantos también demandó a Gómiz por acoso laboral pero el juzgado de lo Social 2 de Sevilla desestimó la demanda por despido nulo y le denegó la indemnización de 300.000 euros. En la sentencia, que ha sido recurrida, el juez consideró que Cantos no tiene derecho a indemnización porque ya recibió el pago que le correspondía por despido improcedente y, además, la extinción de la relación laboral no fue "una represalia de la empresa ante la negativa del trabajador a hacer unos informes supuestamente falsos".