Gallardón alargará la "privación de libertad" de los pederastas y violadores

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este lunes que el Gobierno tiene previsto reformar el Código Penal para introducir la figura jurídica de la "custodia de seguridad" cuyo objetivo es endurecer la pena contra violadores y pederastas.

El ministro ha anunciado esta medida después de haberse reunido con el padre de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, Antonio del Castillo, a quien ha explicado por qué la prisión permanente revisable sólo se aplicará para los delitos de terrorismo.

En contraposición, Ruiz Gallardón ha avanzado que los delitos contra la libertad sexual sí contarán con medidas adicionales, como la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad que impondrá el tribunal sentenciador de los hechos y cuyo fin es evitar la reincidencia de los delincuentes. Según ha explicado el ministro, esta custodia de seguridad consistirá en alejamientos de los delincuentes hacia sus víctimas o en el establecimiento de la libertad vigilada; medidas que actualmente contempla ya el Código Penal para los delitos de abusos sexuales.

No obstante, el ministro de Justicia ha defendido que la custodia de seguridad es una "nueva" medida adicional que irá recogida en la sentencia en la que se le fijará la pena de prisión al autor del delito y tendrá una duración máxima de diez años si bien únicamente se mantendrá su ejecución mientras subsista la peligrosidad del penado. La razón es que dicha custodia podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

Ruiz Gallardón ha defendido la idoneidad de esta medida porque no se aplicará exclusivamente a los delitos más graves sino para los que tengan "una previsión de continuidad o agravamiento" de modo que sirva de "protección" a la sociedad.

La custodia de seguridad ya se aplica en países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido o Francia, y en España también se podrá imponer a casos de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas.

Gallardón ha querido dejar claro así que la prisión permanente revisable será exclusiva para los delitos más graves de terrorismo, porque éstos se cometen dentro de una organización y "buscan atacar la esencia del estado democrático", mientras que los cometidos contra la libertad sexual, "sin merecer menos reproche", tienen un "carácter individual".

Entre las medidas anunciadas este lunes por el responsable de Justicia también está la supresión de la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual de modo que se abordará delito por delito para que los tribunales tengan un marco legal que les permita ajustar la gravedad de la pena al número de delitos cometidos y a la gravedad de los mismos.

Asimismo, se agravará la detención ilegal con desaparición forzada, especialmente en los casos con motivación sexual y con víctimas menores, para que la pena se imponga se adapte mejor a la gravedad de la conducta.

Elogios al padre de Marta

Al término del encuentro, que ha durado alrededor de hora y media, Gallardón ha agradecido al padre de Marta su labor para "hacer de su dolor personal" una "medida preventiva" y de ayuda a la sociedad. Por su parte, éste no ha ocultado que su "satisfacción" es únicamente "parcial" por la no inclusión de la prisión permanente revisable pero sí ha valorado que, al menos, las novedades del Gobierno permiten tener "algo judicial y legal para poder retener dentro (de la cárcel)" a los autores de estos delitos.

"'El Rafita' y 'el Boca' tenían que salir ahora y con esta medida no saldrían", ha dicho en relación a otros de los delitos de violencia sexual con mayor repercusión Del Castillo que, no obstante, ha asegurado que se sentiría "del todo satisfecho si llamaran las cosas por su nombre", informa Europa Press.

Del Castillo ha entregado a Gallardón un documento en el que pide el cumplimiento del programa electoral y las promesas anunciadas en campaña porque "la sociedad no puede consentir más promesas incumplidas". El punto más destacado de ese texto era la pena de prisión permanente revisable a aquellos delitos "más graves y con mayor reproche social" de modo que "violar, torturar y asesinar a un niño tenga esa "máxima pena".

En el texto, reclama la clasificación de delitos de especial gravedad para exigir el cumplimiento íntegro de las penas y exige que se establezca el cumplimiento de las nueve décimas partes de la condena para acceder a beneficios penitenciarios, ser clasificado en tercer grado y obtener la libertad condicional en delitos de especial gravedad, homicidio y asesinato, violaciones y abusos sexuales cometidos contra menores.

En la misma línea, pide el establecimiento de medidas de seguridad postpenales (libertad vigilada a cumplir tras la salida de prisión, para aquellos que hubieran cometido un delito de especial gravedad, atención y seguimiento a psicópatas, asesinos y pederastas) y la aprobación de un estatuto o ley integral de víctimas que cuente con el consenso de las asociaciones de victimas, otra de las propuestas electorales del PP.

Por último, en ese documento que le fue entregado al ministro y que éste se ha comprometido a estudiar, recoge que se tipifique el delito de destrucción de cadáver de modo que las desapariciones no sean una ventaja procesal y que se tipifique, asimismo, el descuartizamieto y la profanación del cadáver.