La Intervención de la Junta está formada en más del 33% por designados del PSOE

La investigación de la juez Alaya ha hecho que la Intervención General de la Junta de Andalucía haya obtenido un primer plano inhabitual. El comportamiento de su titular entre 2000 y 2010 ha hecho dudar a la instructora de la adecuación de sus decisiones a las funciones que debe tener la Intervención General. Ahora, una investigación de Libertada Digital pone de manifiesto que en más de un 30 por ciento la estructura de personal de la Intervención General de la Junta de Andalucía está formada por puestos de libre designación que decide el PSOE y no por puestos de funcionarios de carrera a los que se acceda por oposición u otro tipo de concurso. 

En la Intervención General misma, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, además del Interventor y según el Listado de Efectivos Reales de 2009, había 114 puestos de trabajo, de los que 29 eran puestos de libre designación, 6 interinos y varios nombramientos. De hecho, el propio Interventor General afectado por el caso de los ERE fue nombrado para tal cargo por Manuel Chaves en 2004, después de haber sido director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía debido a sus afinifidades políticas con el PSOE.

De la cúpula de la Intervención General, la inmensa mayoría de los puestos son de libre designación. Tanto los interventores adjuntos, como el interventor del Servicio Andaluz de Salud como los interventores delegados son en su mayor parte de libre designación. 

Igualmente, en la estructura provincial de la Intervención el papel de la libre designación es aún mayor. De hecho, en Almería había según la documentación que obra en poder de LD, 10 puestos de trabajo de los que 4 eran de libre designación. En Cádiz, de 5 puestos 3 lo eran de libre designación. En Córdoba, de 6 puestos, de libre designación aparecen 3. En Granada, exactamente las mismas cifras. 

En Huelva y Jaén, 3 puestos de libre designación por cinco puestos existentes. En Málaga hay 9 puestos de los que 3 son de libre designación, los mismos que en Sevilla pero en esta provincia sólo hay 7 puestos. 

En su conjunto puede decirse que de los 153 puestos que hemos contado como existentes en dicho Departamento, tanto en los servicios centrales como en las delegaciones provinciales, 54 son de libre designación, algunos nombramientos y 6 interinos. Esto es, uno de cada tres puestos de trabajo de las Intervención depende de nombramientos o designaciones del Partido Socialista.

Recuérdese que la juez Alaya ya llamó a declarar en el caso Mercasevilla al titular de la Intervención general en el momento de los hechos, Manuel Gómez Martínez, produciéndose la estrafalaria circunstancia de que no recordaba ni sabía casi nada. De hecho, como contó La Razón y pese a la elevada responsabilidad que había desempeñado de 2000 a 2010 Gómez Martínez pareció no conocer el funcionamiento de la institución autonómica, al menos cuando le preguntaba el abogado del Partido Popular.

El interventor no recordó la instrucción del expediente sobre los 900.000 euros otorgados a Mercasevilla para la escuela de hostelería, ni sabía si existe un plan estratégico de ayudas económicas o unas normas reguladoras previas a la concesión de subvenciones extraordinarias, si era obligatorio publicar su concesión en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) o si se hizo con la entregada a la fundación.

Es más, a pesar de que él dictó una resolución advirtiendo que tanto la excepcionalidad como el interés público de esa subvención debían ser concretadas "por el órgano competente", Gómez Martínez sólo admitió que "si eso es lo que se decía en la referida resolución es que será cierto".

Tampoco explicó si era habitual que un expediente del calibre de Mercasevilla se tramitara en un día, y únicamente afirmó que "es posible".

El letrado del PP animó a la juez a "deducir testimonio por si la falta de colaboración del testigo pudiera ser constitutiva de delito". La acusación particular del PSOE salió en defensa del interventor recordando que su "negociado" son los asuntos económicos, y no los legales.