El PP pide prisión preventiva para el exconsejero de Empleo andaluz

El Partido Popular y el sindicato Manos Limpias barajan pedir la prisión preventiva para el exconsejero socialista Antonio Fernández en igualdad de condiciones con el ex director general de la Consejería, Francisco Javier Guerrero.

Incluso El País admite la posibilidad de que el resultado de este megainterrogatorio puede ser perjudicial para Fernández debido a la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha dejado lugar a dudas en cuanto a su creencia de que el sistema del "fondo de reptiles" fue un sistema ideado para disponer de fondos sin control.

De hecho, la pregunta del Fiscal Anticorrupción que cerró su interrogatorio fue: "¿No es más cierto que el acuerdo marco -firmado por Fernández y el exconsejero y ahora diputado en el Congreso, José Antonio Viera- es un sistema creado para disponer de fondos sin control alguno en beneficio de determinadas personas y en perjuicio de la mayoría de ciudadanos?". El fiscal coincidía con la juez Alaya que subrayó durante el interrogatorio que el objetivo del fondo era beneficiar a empresarios próximos a la Junta, al PSOE y a los altos cargos.

En ayuda de esta tesis, vienen los hechos relacionados con Jerez de la Frontera, ciudad natal del exconsejero Fernández. El Mundo aporta que bajo su mandato en la consejería, las ayudas del "fondo de reptiles" a empresas jerezanas fueron más de 63 millones de euros:

Asoc. ex trabajadores González Byass: 19,757,235,14

Jerez Industrial: 12,599,126,75

Bodega Williams&Humbert: 9,679,814,56

Bodega Zoilo Ruiz-Mateos: 9,100,644,76

Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey): 5,663,591,39

Lactimilk: 3,320,390,59

Antonio Gálvez Peluqueros: 1,150,000

Pack Sur Artes Gráficas: 623,000,03

SCA La Pequeña Holanda: 440

Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz y Ceuta: 300

Exportaciones Agrícolas Plantasur: 300

Antonio Márquez Aguilar: 120

Seryman Piscinas: 100

Gitanos de Jerez : 64,596,83

Gestión Hotelera Comar: 50

Carpintería Pérez y Fuentes: 25

Ayuntamiento de La Barca de la Florida: 18

Papacor: 12,021

TOTAL: 63,323,421,05 euros

La defensa del consejero: todo fue legal

Fernández, imputado por seis delitos, cuatro continuados de prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación y negociación prohibida a los funcionarios, otros dos de cohecho y uno de falsedad, no podía recurrir al "desconocimiento" como José Antonio Griñán, por poner un ejemplo, puesto que llevaba 15 años en la cúpula de la Consejería de Empleo. Por tanto, decidió defenderse argumentando la legalidad de su gestión y del "fondo de reptiles" al que sólo reconoce leves irregularidades. Le acompañó en el empeño el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, abogado preferido por el PSOE en casos de UVI judicial, aunque no tan bien pagado como otros más famosos especializados en Derecho Penal aplicado a casos desesperados.

Frente a lo que algunos pueden suponer, el exconsejero Fernández se ha defendido con tesón y espesura y sólo, según los testigos, comenzó a dar algún traspiés el último día de interrogatorio cuando reconoció la inclusión de intrusos y las irregularidades de algunos ERE como Río Grande o Sur Color.

Antonio Fernández aludió a un documento de la Intervención de la Junta de Andalucía, pero no lo presentó. Según su versión, la agencia IDEA aseguró en el presunto informe avalado por la Intervención que el convenio marco era correcto en líneas generales, aunque había que cambiar el sistema de transferencias de financiación por encomiendas de gestión.

Pero poco después, Fernández admitía que no se daba publicidad a las ayudas que se concedían porque nadie de los servicios técnicos le dijo que hubiera que hacerlo. Incluso llegó a afirmar que él mismo paró una ayuda en el segundo ERE de Mercasevilla porque no le parecía correcto.

Es más, en un momento de sus respuestas al letrado de la Junta, Fernández admitió que no se preocupaba de pedir los expedientes de las ayudas concedidas, ante lo que la juez Alaya le indicó: "Acaba de dar usted un titular de prensa".

El extraño papel de la Intervención de la Junta

Para La Razón, Antonio Fernández implicó el domingo directamente a la Agencia IDEA y a la Intervención General de la Junta en el caso de los ERE que habrían avalado con un informe favorable el sistema de ayudas fraudulento. Su abogado Martínez del Hoyo, dijo que dicho documento "consideraba el sistema correcto en términos generales" y únicamente aconsejaba cambiar la forma de pago desde la transferencia de financiación a la encomienda de gestión, lo que efectivamente se hizo.

Es evidente que si ahora el sistema del "fondo de reptiles" no es considerado legal, la Intervención de la Junta habría incurrido en graves responsabilidades junto con la agencia IDEA y sus altos cargos sucesivos.

El ERE personal del Consejero Fernández

Antonio Fernández era trabajador de González Byass y la juez Alaya le acusó de no haberse abstenido, por dicha condición, de la negociación y el beneficio que le supuso personalmente el ERE de dicha empresa. Según Alaya, Fernández no tenía derecho a ser parte de dicho expediente ya que tras haber solicitado excedencia forzosa en 1983 para desempeñar su labor de concejal no pidió la prórroga ni la reincorporación a la empresa, perdiendo sus derechos. Sin embargo, su nombre aparecía en el ERE con la jocosa particularidad de reconocérsele una antigüedad labora idéntica a su tiempo de vida. Es decir, trabajó desde su nacimiento.

La defensa de Fernández argumentó contra de la opinión de la juez, que Fernández no dejó de ser cargo público, ya que tras su paso como concejal de Jerez fue parlamentario en la Cámara Andaluz y alto cargo de la Junta y sólo tendría que haber pedido por escrito el reingreso en la bodega.

Según Fernández, no supo nada del ERE que le beneficiaba aunque reconoció saber que iba a ser incluido por razones objetivas en el ERE y que, por tanto, perdía su puesto de trabajo. El exconsejero dijo que en julio de 2008 los 94 trabajadores de González Byass firmaron la póliza de prejubilación, a excepción de él.

Cuenta La Razón que además de incluir a un consejero de Empleo en ejercicio, el ERE de González Byass tiene otras "singularidades deslumbrantes". Fernández dijo que estaba en contra de destinar partidas del fondo 31.L a empresas solventes como era González Byass, pero el convenio entre la Junta y los trabajadores de González Byass, firmado el 16 de abril de 2008, contemplaba un compromiso de pago por parte del Gobierno andaluz de 17.459.092 euros aunque la última cifra que la aseguradora reclama a la Consejería de Empleo a fecha de noviembre de 2011 en relación a esta póliza es de 20.390.074,37 euros. O sea, la Junta pagó a pesar de la solvencia de González Byass.