La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, anunció este martes que este año se convocarán 251 plazas de acceso directo a las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una tasa de reposición del 10 por ciento, y ninguna de su personal civil.
Domínguez-Alcahud compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde destacó el "incremento exponencial" de solicitudes que ha habido en los últimos años y estimó en unas 600 las bajas previstas por jubilación. Hizo mención especial al ingreso de extranjeros en las Fuerzas Armadas, cuyo número total ya es de 3.349, y recordó el proyecto de otorgarles la nacionalidad a los dos años de permanencia en el Ejército.
La subsecretaria detalló punto por punto las partidas presupuestarias a su cargo, las concernientes a personal, que suponen el 73 por ciento del presupuesto total de Defensa. Explicó, por ejemplo, que el Ministerio prevé un descenso de 5.343 efectivos, de 174 en la reserva, de 900 funcionarios, de un alto cargo (de 18 a 17), para un descenso total de 15 millones en gastos de personal.
Las partidas que experimentarán mayores reducciones, de en torno al 18 por ciento, son los de gastos corrientes de bienes y servicios, de cobertura informativa y de indemnizaciones por servicio.
En otro orden de cosas, expresó su total compromiso "de justicia" con los militares heridos y sus familiares, recordando la orden ministerial que dispuso que las personas con discapacidad sobrevenidos en acto de servicio puedan seguir en el Ejército en otros puestos e incluso acceder a ascensos honoríficos, algo para lo que se modificará la Ley de Carrera Militar.
El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, aseguró que la memoria de objetivos copiaba punto por punto la de los ministerios socialistas, pidió que considere una prioridad el sistema de formación militar que estableció el anterior Gobierno y preguntó por su intención acerca de la UME, el Consejo del Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar que instituyó la Ley de Derechos y Deberes.
Domínguez-Alcahud no tuvo empacho en reconocer los méritos del sistema de enseñanza creado por el anterior Gobierno, pues estima que la política de Defensa es transpartidista.
Además, aseguró que se dará cumplimiento a la Ley de Derechos y Deberes y que las disfunciones de la Ley de Carrera Militar tratarán de arreglarse por vía de gestión y no por medio de la reforma legal. Por último, confirmó que la UME va a seguir con sus mismos recursos y funciones.
A su vez, el portavoz de CiU, Feliu Guillaumes, criticó que se hagan campañas para atraer jóvenes al Ejército, dada la escasa tasa de reposición y la gran demanda que ya existe, cuestionó que se conceda automáticamente la nacionalidad a los militares extranjeros, sin comprobar que se han integrado, y preguntó por el futuro de la Academia de Talarn (Lleida), sobre la cual Domínguez-Alcahud insistió en que aún no hay ninguna decisión tomada.