El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha trasladado a la juez Mercedes Alaya que "no tiene" medios para "hacer frente" a la fianza de 686.190.686,36 euros que le impuso la magistrada en concepto de responsabilidad civil.
De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, remitió el pasado día 16 de marzo un escrito a la cárcel Sevilla-I, donde permanece recluido Guerrero desde el día 10 de marzo, a fin de que le fuera requerido el pago de la fianza, pero el imputado alegó que "no tiene para hacer frente" a la misma y que "tiene un piso en El Pedroso de su propiedad con una hipoteca", según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así, y durante una comparecencia celebrada en la cárcel, un funcionario le notificó el auto de la juez acerca de la fianza impuesta y le trasladó el apercibimiento de que, en caso de impago, se procederá al embargo de bienes de su propiedad, ante lo cual Francisco Javier Guerrero alegó que "no tiene" para "hacer frente" al pago, ya que mantiene régimen de separación de bienes respecto a su esposa.
De igual modo, y durante la comparecencia celebrada en la prisión de Sevilla-I, el principal imputado por el caso de los expedientes de regulación de empleo informó de que le ha dicho a su abogado, Fernando de Pablo, que "preste en el Juzgado relación de su patrimonio, activo y pasivo".
Hay que recordar que, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se impusiera al imputado una fianza de 933 millones de euros, la magistrada decidió rebajarla a 686 millones, fianza que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público", tras lo cual analizó una serie de factores para determinar la misma, en primer lugar "los sólidos indicios que existen" contra el imputado, "de forma que, efectuando un cálculo de probabilidades, es previsible que pudiera resultar condenado".
En segundo lugar, hace mención la juez al "peligro del daño derivado del inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa, que aquí resulta todavía más importante por la extensión de la misma, y que por dicha razón se demorará más allá de lo deseable el enjuiciamiento de los hechos", mientras que, en última instancia, cita "el principio de proporcionalidad", que "conecta con el valor de lo justo, con la idea de moderación, medida justa y equilibrio".
