Hoy se cumple un nuevo aniversario del caso más grave de tortura y desaparición de toda la historia de la banda terrorista ETA. El 24 de marzo de 1973, hace 39 años, tres jóvenes inmigrantes gallegos cruzaron la frontera desde el País Vasco a Francia para ver una película, fueron confundidos con policías por miembros de la banda, secuestrados, torturados hasta la muerte y enterrados en algún lugar del sur del país vecino. Se llamaban José Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge Juan García Carneiro, y tenían 28, 25 y 23 años respectivamente.
Este crimen atroz pone sobre el tapete un hecho paradójico y significativo sobre la naturaleza de la banda y, más aún, de la gentuza que les apoya, que durante décadas llevan haciendo eje central de sus campañas de deslegitimación del Estado las torturas que de forma generalizada, afirman, han sufrido los asesinos de ETA.
Iñaki Antigüedad, representante de Amaiur en el Congreso, ha exigido el pasado 29 de febrero de 2012 en una entrevista en Catalunya Radio que se pongan sobre la mesa "las víctimas y los centenares, miles de torturados" por parte del Estado y ha considerado que el diálogo "no puede basarse en que unos dicen que son demócratas de toda la vida y otros, no", haciendo un uso perverso e hipócrita de este asunto como parte de su estrategia para deslegitimar a las víctimas. Estas declaraciones se producían un día después del rifirrafe que mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el senador de la misma formación proetarra Alberto Unamunzaga.
Al fin y al cabo los batasunos defienden que los terroristas "sólo" han practicado la violencia, como bien se ha encargado de precisar el cura proetarra Félix Placer Ugarte, colaborador del diario Gara y de la revista Elkarri, y principal exponente de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. Para Placer y la Coordinadora de Sacerdotes, la violencia de ETA, al margen de "dolorosos" efectos colaterales, es un "mal menor" porque, además, no es lo mismo la "violencia de agresión" que la "violencia defensiva", que es legítima. Por "doloroso" efecto colateral tenemos que suponer que este cura proetarra entiende, por ejemplo, sacar los ojos con un destornillador a uno de los jóvenes gallegos a los que los etarras confundieron con policías.
Este hipócrita planteamiento fue también expuesto el 26 de febrero pasado en el documento de la izquierda abertzale, presentado a la opinión pública como un gran avance, en el que ni siquiera admiten el término de violencia –sólo hablan de "acciones"–, y al Estado se le acusa de "las muertes producidas por fuerzas parapoliciales, terrorismo de Estado, represión, políticas de tirar a matar, torturas y tratos inhumanos".
En definitiva, la estrategia consiste en adjudicar al Estado en exclusiva lo que ellos han realizado durante estos cincuenta últimos años. En el blog de Libertad Digitial In Memorian ya hemos explicado como desde 1972 la banda, con la inhibición de demasiada gente, llevó a cabo una brutal represión mediante amenazas, coacciones, ataques y crímenes contra la por entonces población mayoritaria que se sentía lo que era, tan vasca como española. Los que han abusado del tiro en la nuca y del indiscriminado coche-bomba lloriquean ahora por los casos de violencia parapolicial, mínimos en comparación con los que ellos han llevado a cabo.
Pero lo peor es la referencia a la tortura y tratos inhumanos. El uso de esos repugnantes métodos ha sido consustancial a la naturaleza de la banda. El crimen de los tres jóvenes gallegos no fue un hecho aislado. En su momento ya reseñamos en Libertad Digital otros casos. Sin embargo, y como ha señalado Pedro Fernández Barbadillo, "la importancia de este caso [el de los tres gallegos] de desaparecidos a manos de etarras –y no es el único– se debe a que podría impedir cualquier amnistía, indulto, arreglo o pacto entre ETA y un Gobierno español. En este sentido, desde hace meses el PSOE y su bloque mediático están tratando de blanquear el pasado de la ETA, aceptando la tesis abertzale de que los etarras también han sufrido y también son víctimas (...) Si, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por Garzón en sus autos abracadabrantes, los casos de desaparecidos no prescriben jamás ni están amparados por leyes de amnistía, y además pueden ser investigados por cualquier juez extranjero si no se investigan en España o en Francia, bien podría ocurrir que unos veteranos de ETA que hubiesen regresado a sus pueblos como héroes, con el bolsillo lleno por el Estado español y con un empleo por cuenta del Ayuntamiento, podrían encontrarse con una orden de busca y captura dictada por un juez incontrolable".
Además, en el caso de los gallegos, gracias a un infiltrado, Mikel Lejarza, alias El Lobo, conocemos el nombre de dos de los presuntos autores. Uno de ellos, José Manuel Pagoaga Gallastegi Peixoto, sigue vivo, protegido y convertido en un icono por esa izquierda abertzale que dice abominar la tortura y denuncia los casos presuntamente cometidos por el Estado. Al otro, Tomás Pérez Revilla, muerto víctima de un atentado de los GAL, Herri Batasuna le hizo un emocionado homenaje el 4 de agosto de 1984 y Txomin Ziluoaga, su cuñado e histórico miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, dijo entusiásticamente que la de Revilla, un asesino despiadado, había sido "una vida ejemplar".
Los secuestros de la banda
A partir de los años ochenta los tratos inhumanos, las torturas y la crueldad de ETA se pusieron especialmente de manifiesto en los numerosos secuestros de la banda. Ya anteriormente este trato inhumano fue sufrido por Javier de Ybarra, cuyo cadáver apareció el 22 de junio de 1977. De este terrible secuestro sabemos que muchos datos se ocultaron a la opinión pública, pues en esos primeros pasos de la democracia española alguien decidió que no convenía caldear el ambiente. Ahora se puede afirmar que la banda asesina sometió al empresario a un terrible cautiverio. Así, los datos de la autopsia determinaron que Ybarra tenía las paredes intestinales pegadas, síntoma de que apenas le habían dado de comer, y un familiar directo del secuestrado contó a Libertad Digital que tenía hierba en el estómago, indicación clara de que tuvo que alimentarse con lo que tenía a su alcance. Además, la víctima tenía el cuerpo llagado, señal de que estuvo todo el tiempo tumbado o metido en un saco, sin apenas poder moverse.
Sin embargo, y salvo este caso, en los años setenta los miembros de la banda solían dar muestras de cierta preocupación por el bienestar de los secuestrados, independientemente de que privar de la libertad a una persona es ya, en sí mismo, una tortura. Progresivamente se fueron deteriorando las condiciones de las víctimas y, en los últimos casos, los secuestrados fueron encerrados durante meses en auténticas celdas de castigo con apenas 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho, sin apagarles la luz las 24 horas, sumiéndolos en la depresión. En definitiva unas condiciones brutales e inhumanas a años luz del trato recibido por los presos en las cárceles. El paroxismo de la crueldad lo alcanzarán con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cuya imagen saliendo del zulo con el aspecto de haber estado en un campo de concentración nazi sigue en la memoria de todos los que no estamos dispuestos a comulgar con ruedas de molino. Sus torturadores y los que les mandaron actuar así, por supuesto, han tenido el total apoyo del entorno de ETA, que no sólo los tratan como héroes sino que, como ya se han encargado de avisar, son merecedores de "honores y pensiones".
El último gran caso de sadismo lo vivimos con el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues sólo puede ser calificado de tortura para él y sus familiares un secuestro que fue, en realidad, la crónica de una muerte anunciada, como ya ocurriera anteriormente con el ingeniero José María Ryan.
Ahora, en esta situación en la que tantos exigen que "se den pasos", es necesario exigir sin ningún tipo de complejos que quienes tienen que dar pasos reales y efectivos son los terroristas y su entorno, empezando por decir dónde están los restos de los desaparecidos, como ya fue obligado a hacer el IRA. El mundo de ETA-Batasuna tiene que reconocer que han usado la tortura, repudiar y expulsar de su seno a los torturadores, e informar a los familiares de los desaparecidos de dónde enterraron los cadáveres de sus seres queridos.
Cualquier otra salida es inadmisible en un Estado de Derecho.