El ministerio del Interior sustituirá a los agentes de la Guardia Civil que desempeñan su labor profesional manteniendo la seguridad exterior de los centros penitenciarios, los centros oficiales y que realizan labores de traslado de presos por agentes de seguridad privada. Un hecho que llevará a cabo de forma "inminente" aunque "sin plazos confirmados".
El objetivo es doble, por un lado, poder contar con más miembros del Instituto Armado para otros cometidos que puedan resultar más importantes. El segundo, dar una salida a los más de tres mil escoltas que han perdido su trabajo de forma paulatina desde el año 2010, más de la mitad de ellos desde que ETA declarase el cese definitivo de la violencia el pasado mes de octubre.
Este tema fue tratado oficialmente por primera vez el pasado martes 20 de marzo en la reunión del Consejo de la Guardia Civil, el órgano colegiado que trata principalmente asuntos relaciones con la gestión de personal de la institución, y que presidía por primera vez el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desde que tomase posesión del cargo a finales de diciembre de 2011.
Éste órgano está compuesto por 30 miembros, de los que quince son representantes de la Administración (entre los que se encuentran el secretario de Estado de Seguridad, el subsecretario del Ministerio del Interior, el director general de la Guardia Civil y otros cargos de los ministerios del Interior y de Defensa) y quince son guardias civiles en activo que forman parte de las asociaciones profesionales del cuerpo.
Durante la reunión del mismo, uno de los representantes de las asociaciones preguntó al Dirección Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, el Teniente General Cándido Cardiel, si se estaba estudiando la privatización de la seguridad en determinadas unidades de vigilancia como la seguridad exterior de las prisiones, la conducción de presos o los servicios estáticos (seguridad en edificios oficiales).
La respuesta fue afirmativa. La desaparición casi en su totalidad de los servicios de escolta en el País Vasco y Navarra y la necesidad de contar con más agentes de la Guardia Civil en la calle hacía necesario esos cambios, para lo cual había ya un proyecto.
Sin embargo, según un documento explicativo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) al que tuvo acceso Libertad Digital, la asociación recibió el jueves una llamada telefónica del DAO para informar que había habido cambios sobre lo respondido el martes.
"Se han tomado decisiones desde que se abordó esta cuestión en el Consejo, y es que según el máximo responsable de Operaciones, ayer –por el miércoles– hubo una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, para confirmar a la Guardia Civil que la puesta en marcha del plan de privatización parcial de estos servicios es inminente, aunque sin plazos confirmados", dice el documento de la asociación.
Tras esa reunión, se ordenó a la Dirección Operativa que comience a planificar el repliegue de los agentes encargados de la seguridad exterior de las prisiones, "que deberán quedar a la espera de que se les asignen nuevas misiones". Es decir, que el primer servicio en el que se sustituirá a agentes de la Guardia Civil por agentes de seguridad privada será en la vigilancia exterior de las cárceles.