Interior reformará el delito de desobediencia para proteger a la Policía

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, adelantó este martes que el Gobierno está estudiando la modificación de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad para proteger a los agentes de las Fuerzas de Seguridad ante actuaciones como las que llevaron a cabo durante los altercados que indignados y antisistema protagonizaron la última quincena de febrero en Valencia.

La intención es que sea un elemento de "disuasión" ante incidentes callejeros y permita combatir de una forma mucho más eficaz los "comportamientos violentos". "Si un ciudadano normal no tiene por qué aguantar que se le veje y se le insulte, un policía tampoco", aseguró. Tras lo que afirmó que habrá que "hilar muy fino" para llevar a cabo esa modificación legal.

Durante su comparecencia en la comisión de Interior del Senado, reconoció que su departamento empieza a tener problemas con la gran cantidad de droga que debe custodiar después de las operaciones contra el narcotráfico y que deben mantener, a veces durante años, hasta la finalización de la causa judicial abierta contra los detenidos.

Según dijo, se trata de "un problema material que en algunos sitios nos está superando" y anunció que se estudiará cómo tomar medidas que puedan solucionar este problema. Con este propósito, según dijo, se han celebrado ya varias reuniones con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado para intentar encontrar una forma de "mejorar los procedimientos actuales utilizados para la eliminación expeditiva de los efectos decomisados".

Fernández Díaz avanzó que la comisión bilateral creada con el ministerio de Justicia, para reformar la legislación procesal y penal destinada a acabar con la delincuencia multirreincidente, está estudiando cómo posibilitar que la suma de un determinado número de faltas contra las personas y contra el patrimonio, como pueden ser las amenazas con armas o en riña, estafas, apropiaciones indebidas y otras defraudaciones como los hurtos, sea considerado como un delito.

Igualmente, estudian elevar la pena de los robos con fuerza e intimidación, como es el caso de los asaltos a joyerías o a viviendas con familias en el interior, y endurecer la pena a aquellos que utilizan en sus fechorías armas de fogueo o simuladas.

Una deuda de 217 millones de euros

El titular de Interior informó de que la deuda económica del departamento asciende hasta los 217 millones de euros y recordó que los presupuestos, que se encuentran actualmente prorrogados, tienen una partida económica similar a la que tenía asignada el ministerio en el año 2007.

Por esto, señaló que se deberá trabajar en el ámbito de la restricción del gasto y obligará a "racionalizar eficazmente" los recursos existentes, pese a lo cual, adelantó que los recortes necesarios no impedirán que se lleven a cabo las inversiones necesarias para seguir mejorando la seguridad del país.