Se ha hecho famoso por lo más inesperado. Fuese un error o no, el hecho de que en los documentos del ERE de su empresa que él mismo tuvo que autorizar apareciera que su fecha de inicio de actividad laboral fue la misma de su nacimiento, provocó la hilaridad nacional, estándose como se estaba, ante un proceso fraudulento con el dinero de todos. Su trayectoria, siempre vinculada al clan de Alcalá y a Manuel Chaves en la provincia de Cádiz, ha sido fiel y oscura, pero el caso ERE le ha dado el salto a la fama. Ahora, la juez Alaya lo ha llamado a declarar el próximo 19 de abril.
Políticamente es el más relevante de los imputados. El hoy todavía presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Jerez-Xeres-Sherry, cargo que consiguió por una ausencia significativa en la reunión, deberá meditar si es la hora de dimitir de todos sus cargos si como él mismo cree, según fuentes próximas, de esta no va a librarse. Ni una foto suya hemos encontrado en la página web de la entidad vinatera.
Fernández fue imputado hace un año exactamente, el 14 de marzo de 2011, lo que quiere decir que ya la juez tenía claros determinados hechos. Sobre su futuro gravitan acusaciones de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Y eso fue mucho antes de las declaraciones actuales de su ex director general, Francisco Javier Guerrero, que siempre afirmó que daba cuenta de todo a sus ex consejeros Viera y Fernández.
Precisamente este es un punto no muy comprensible de la actuación de la juez Alaya. Si Guerrero ha implicado en repetidas ocasiones, más intensamente en sus últimas declaraciones, a Fernández y a Viera, ¿por qué uno está imputado y el otro no? Por ejemplo, Fernández y Viera firmaron juntos el convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía, presidido entonces por Fernández, que dio vía libre al fondo de 647 millones para empresas en crisis. La juez considera ilegal un acuerdo que pretendía eludir el control administrativo y la labor de la Intervención General.
Otras declaraciones
También tiene que declarar el próximo 26 de julio el exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
También declararán el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo; los directivos de la empresa Acyco Encarnación Poto y Gabriel Barrero para el 16 de mayo y los sindicalistas de CCOO Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca el próximo 12 de julio. Por el ERE de la firma Calderinox acudirán el próximo 12 de junio el exdelegado en Sevilla de Asuntos Sociales de la Junta Juan Rodríguez Cordobés y el intruso Antonio Fernández Garzón.
La Junta y la ilegalidad del fondo
Griñán ha repetido varias veces que es la Junta quien ha solicitado la pena de cárcel para Guerrero. Pero, ¿por qué? La pregunta no es baladí porque si pide pena de cárcel debido a la ilegalidad del fondo, entonces se estaría condenando a sí misma. Por ello, El País aclara en su nombre que una cosa es que considere culpable a Guerrero de varios delitos y otra que reconozca que el procedimiento del "fondo de reptiles" es ilegal.