El Consejo Consultivo de Andalucía constata ahora que las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con cargo a la famosa partida 31L, la del "fondo de reptiles", se repartían "sin ningún tipo de procedimiento administrativo", algo que "ya antes han advertido la Intervención General de la propia Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así lo refleja el dictamen sobre dos resoluciones de la Dirección Trabajo y Seguridad Social —Francisco Javier Guerrero de por medio— por las que se concedieron subvenciones específicas por valor de 1,2 millones de euros cada una a favor de la empresa Maestrazgo de Sevilla S.L. en los ejercicios 2006 y 2007 y también sobre las dos resoluciones del abono de las mismas ayudas. En total, 2,4 millones. Este asunto se llevó al Consejo Consultivo por la Consejería de Empleo —como es preceptivo, por cierto— al llevar la empresa Maestrazgo de Sevilla a los Tribunales el impago de estas subvenciones aprobadas en su día; la empresa endosó el pago a la entidad bancaria y ésta es la que judicializó el tema reclamando las cantidades suscritas.
Según el dictamen del Consejo, "resulta imposible hablar de procedimiento, hasta el extremo de que ni siquiera consta que la mercantil beneficiaria de la subvención la hubiera solicitado, lo que constituye la máxima subversión del régimen jurídico subvencional". Se indica, además, que es "evidente que no se justifican las circunstancias de excepcionalidad; no consta el más mínimo atisbo de publicidad, ni bases reguladoras, requisitos y condiciones impuestas a la entidad beneficiaria, solicitud y resolución motivada, forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención, etc...".
En este sentido, se apunta que figuran dos oficios de Intervención —de noviembre de 2008 y de julio de 2009— mediante los que se comunicó a la empresa beneficiaria que "en el sistema contable de la Junta no consta que Maestrazgo de Sevilla S.L. haya percibido subvención o ayuda de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas" al no haber existido ningún expediente previo que justificara el gasto. Todo se hizo, como se recalca, con un simple documento, un somero plan de negocio.
Y nada más. Ni expediente ni procedimiento alguno. Así se concedieron 2,4 millones. Por ello, el Consejo Consultivo ha declarado la nulidad de las dos subvenciones. La portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, explicó que el origen del informe del Consejo Consultivo es un problema de impago por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Maestrazgo de Sevilla S.L que percibió dos ayudas del "fondo de reptiles" por valor de dos millones cuatrocientos mil euros.
Asimismo, recordó que este impago acabó en los tribunales y fue, por este motivo, por el que la Junta elevó una cuestión al Consejo Consultivo, aunque matizó que la Junta de Andalucía ya sabía que estas ayudas eran irregulares, ya que así lo recogieron dos informes de la Intervención General, uno fechado en el 2008 y otro en 2009.
"¿Por qué la Junta de Andalucía no anula estas dos ayudas en el año 2008 o en el año 2009? ¿Por qué no lo elevan al Consejo Consultivo hasta el 2011?", preguntó.
Soto afirmó que la Junta no elevó la consulta al Consejo Consultivo ni ha denunciado nada en relación con el fondo de reptiles porque "son ellos los que inventaron el sistema" y aseveró que la Junta sólo eleva la consulta al Consejo Consultivo después de que haya una denuncia en los tribunales de este caso concreto.
Maestrazgo de Sevilla
La empresa beneficiaria, Maestrazgo de Sevilla S. L., estuvo administrada desde 2006 por el exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento sevillano de El Pedroso José María Sayago, hombre de confianza del José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde esta localidad Rafael Rosendo, receptor de un ERE fraudulento. Sayago y su socio están imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE. Maestrazgo de Sevilla S. L. fue la denominación de la entidad que luego pasó a ser Inversiones Tecnológicas de Andalucía, ya propiedad única de Sayago.