Tres miembros del clan de Alcalá, pertenecientes al tronco familiar del ex vicesecretario general del PSOE andaluz con Manuel Chaves y exconsejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro –número 1 en la candidatura del PSOE por Cádiz en las próximas elecciones andaluzas-, están relacionados con el caso Bahía Competitiva.
El escándalo comenzó el día en que el ministerio de Industria y Energía buscaba por medio del BOE a varios empresarios y empresas que se habían quedado con una subvención de 14 millones de euros sin haber hecho los trabajos comprometidos precisamente en Cádiz y algunos de ellos, en la zona de Alcalá de los Gazules, origen del clan socialista que ha dominado el PSOE gaditano y andaluz durante años.
El primero en salir a la luz fue Antonio Perales Pizarro, primo hermano de Luis Pizarro y hombre fuerte del PSOE andaluz sobre todo por la importante presencia de su hermano, el ya fallecido Alfonso Perales Pizarro, que fue presidente de la Diputación de Cádiz, consejero de la Junta y miembro del equipo de Zapatero. Actualmente, y tras su detención por la Udyco, está imputado en el caso que se sigue por la desaparición del dinero. Era el gerente del Plan Bahía.
La segunda en salir fue Ofelia Perales, la sobrina de Antonio Perales Pizarro e hija de su hermano Alfonso, que, naturalmente, es sobrina de Luis Pizarro Medina. Ofelia estaba en nómina de una de las empresas de Manuel Alejandro Dávila Ouviña, el principal imputado en el fraude.
Y por último, ha salido recientemente a la luz el nombre de Gema Herrera, nuera del propio Luis Pizarro y esposa del hijo mayor del exconsejero y jefe del clan de Alcalá. Herrera trabaja como asesora en la gerencia provincial de la Agencia Idea en un puesto al que accedió a dedo. Sin embargo, Herrera había tenido un papel en la concesión de esas ayudas al empresario gallego ahora en prisión. Era la representante de la Agencia Idea en la comisión evaluadora donde se seleccionaban los proyectos que recibirían respaldo económico.
Según La Voz de Cádiz, Gema Herrera fue de las tres personas que recibió vía email las instrucciones precisas para modificar las baremaciones y beneficiar a determinadas firmas en detrimentos de otras en la última convocatoria del Plan Bahía. Se trataba de un correo electrónico que fue remitido desde la Agencia Idea a los técnicos del IEDT para que se modificaran las baremaciones y se favoreciera a unas determinadas empresas, elevando las puntuaciones y los créditos concedidos.
Luis Pizarro ha negado todas estas acusaciones. En un comunicado, aseguró que su nuera "lleva once años trabajando como técnico del IFA —actualmente Agencia Idea— con un currículum intachable, y ha participado en ese tipo de reuniones como en cualquier otra que se le haya encomendado en el ejercicio de su profesión como licenciada en Empresariales". Recuerda que fue Idea la que "tomó la iniciativa de poner en manos de la Justicia las actuaciones de estos empresarios y que en ningún momento les ha subvencionado". Apostilla, a su vez, que "la utilización de la familia para erosionar la figura de un candidato, para dañar a mi persona desde el punto de vista político sólo por un puñado de votos, es una canallada; desgraciadamente, es un instrumento que viene utilizando la derecha desde hace tiempo".
El caso Bahía Competitiva
El cierre de la factoría de Delphi en julio de 2007 mandó al paro a cerca de 2.000 trabajadores entre puestos directos y auxiliares. Tras esto, tuvo lugar este fraude de 24,7 millones de fondos públicos para la reindustrialización, que han ido a parar presuntamente a paraísos fiscales.
El caso no acaba ahí. La trama que está desentrañando la Udyco y que investiga el juzgado nº 4 de Cádiz se ideó traicionando los compromisos adquiridos por la Junta con los trabajadores de la extinguida empresa y que quedaron plasmados en el acta de cierre del 4 de julio de 2007, que ponía punto y final a la relación contractual del colectivo con la multinacional.
El inicio del millonario fraude es un entramado empresarial liderado por el gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, con la sociedad Cádiz Solar Center. Esta empresa se hizo con 11 millones de euros a través del Plan Bahía Competitiva para instalarse en la antigua factoría de Delphi y absorber a afectados por el cierre. Entre los incentivos que iban a potenciarse para acoger a los parados de Delphi estaba la concesión de 9.000 euros por cada empleado de este colectivo que fuera contratado por las empresas interesadas en asentarse en la zona.
Y en esto apareció Cádiz Solar Center, una de las tres sociedades a las que el Ministerio de Industria le ha reclamado el reimporte de las ayudas que obtuvo en 2009 -7,5 millones- y 2010 -3,5- y una de las sociedades que pertenece al entramado de Dávila Ouviña, pero no siempre fue suya. Y lo que es más importante para el desarrollo de la investigación, Industria ordena la devolución de las subvenciones no solo por tratarse de proyectos falsos.
La sociedad nació en septiembre de 2008, como consta en el Registro Mercantil, pero entre los cargos directivos no estaba Dávila Ouviña sino un empresario americano, que también es citado en el atestado policial: John Thomas Abkeimer.
Como apoderada estaba Ana Isabel Fuentes, la persona que ejercía como intermediaria entre las empresas receptoras de ayudas y los organismos públicos. Fuentes también tiene vinculaciones con la multinacional General Motors, antigua compañía matriz de Delphi hasta que a finales de los 90 pasa a ser su principal cliente. Fuentes es administradora de una empresa de asesoramiento en la que consta como apoderado un directivo de General Motors España.
Cádiz Solar Center recibió en noviembre de 2009 7,5 millones de euros porque iba a recolocar trabajadores de Delphi. Sin embargo, a los pocos meses, el empresario norteamericano que lideraba el proyecto para fabricar módulos, cédulas y componentes de energía solar abandona y aparece Dávila Ouviña.
En el año 2010, sin haber hecho nada de lo prometido, volvió a concurrir a la convocatoria del Plan Bahía Competitiva y logró otra inyección de dinero público de 3,5 millones. Ouviña traslada el proyecto que debía darle utilidad a ese suelo industrial a Alcalá de los Gazules, sede del famoso clan, violando uno de los requisitos que le había abierto la puerta a ese caudal de dinero público. Un año después, tras haberse quedado con un tercer paquete de ayudas, Industria les exige la devolución de las subvenciones recibidas en 2010 y como no encuentra a nadie, ni empresas ni directivos, publica su búsqueda en el BOE.
Pero lo que escandalizó al Ministerio no fue tenido en cuenta por la comisión evaluadora andaluza -formada por la Agencia Idea, la Diputación y Plan Bahía-, que le dio el visto bueno, hecho clave de la imputación de los miembros del clan de Alcalá y el tronco familiar de Luis Pizarro.