La juez Alaya envía a Guerrero a prisión por el caso de los ERE falsos

La juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado esta noche prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel. La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.

La orden de prisión se dictó a la 1:45 horas de esta madrugada, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición del fiscal, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, alegando que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel. A la petición del Ministerio Público se han adherido todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT. El fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.

La defensa de Guerrero pidió a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones. Sin embargo Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración.

Tres días declarando

En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero Gaspar Zarrías y a la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno. 

Durante el interrogatorio de tres días, la juez Alaya le planteó un total de 144 preguntas, y Guerrero se acogió a continuación a su derecho a no seguir contestando, pero aún así todas las partes dejaron por escrito las cuestiones que pensaban plantear al imputado.

La Fiscalía de Sevilla hizo constar 80 preguntas, el letrado de la Junta planteó un centenar de preguntas y los abogados de los restantes imputados han ido desgranando sus preguntas hasta totalizar varios centenares.

Guerrero sí ha accedido a responder a las únicas dos preguntas que le ha hecho su defensor, Fernando de Pablo: si el consejo de Gobierno andaluz conocía el sistema de adjudicación y el destino de la partida denominada 31L o "fondo de reptiles", a lo que Guerrero ha contestado "sí", y si lo conocían los sucesivos viceconsejeros de Empleo, a lo que ha respondido "totalmente".