El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado este viernes que el expresidente de la Junta Manuel Chaves; la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "sabían y tenían que saber cómo se trabajaba allí", en referencia a la Dirección General que él ocupaba, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
Durante la tercera jornada de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Mercedes Alaya le ha pedido que "ponga nombres y apellidos" a las personas que, según dijo este jueves, "están intentando salvar su honorabilidad atacándole a él", y Guerrero ha citado a Chaves, "que dice que no me conoce de nada"; a Moreno, que "me pone a caer de un burro cada vez que puede", y a Viera, que "va diciendo por ahí que soy un indeseable".
Todo ello "me escandaliza, porque no entiendo cómo pueden decir que durante los tres gobiernos del PSOE en los que yo trabajé no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la Dirección General de Trabajo", ha dicho el imputado, quien también ha considerado "totalmente desafortunada la intervención" del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, cuando "me llamó cocainómano, putero y alcohólico", por lo que ha confiado en que "rectifique" sus palabras.
La magistrada también ha pedido a Guerrero si quería "añadir algo más" sobre la pregunta que le hizo ayer referente a "por qué regaló dinero del erario público", y el imputado ha lamentado que, "durante todo este tiempo, y mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, a mí se me ha otorgado la presunción de culpabilidad", y que "su queja viene, máxime, cuando se está abordando por la Junta el pago de los abogados de algunos de los imputados, y a Rivas y a mí no", cuando están aquí "por su cargo".
El ERE de Acyco
En este sentido, ha aseverado que ni el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ni él mismo "tienen dinero" para pagar a sus abogados defensores. "No entiendo cómo se puede humillar de esta manera a quien hizo su labor con los instrumentos aprobados por la misma Junta de Andalucía", según ha agregado el imputado, quien ha vuelto a ser preguntado por la magistrada por las ayudas al grupo empresarial de José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano.
Ha puesto de manifiesto que, una vez Viera dejó de ser consejero del ramo, Antonio Fernández "se comprometió" a seguir dando ayudas a este grupo empresarial y a "completar el planning" marcado por el propio Viera en este sentido, tras lo que ha centrado su declaración en el ERE de la empresa Acyco, asegurando que el despacho de abogados Garrigues "negoció" este ERE y "vendía el producto de que la Junta financiaba los ERE que ellos negociaban", todo ello "cuando ni siquiera habían empezado a negociar" con la Dirección General encabezada por el imputado.
Tras asegurar que desconocía la inclusión de dos 'intrusos' en el ERE de Acyco –"yo no me leía los papeles"–, Guerrero ha señalado que tampoco sabía que Encarnación Poto Monge, incluida igualmente en este ERE, tenía la intención de seguir encabezando el Consejo de Administración de la empresa. "Si lo llego a saber, no la meto", ha apostillado.
Por último, ha dicho que el actual director general de Trabajo e imputado en esta causa, Daniel Alberto Rivera, fue quien firmó la póliza para abonar a Garrigues los honorarios por el ERE de Acyco, que ascendió a 109.000 euros.