Guerrero dice que los sindicatos se llevaban comisiones de los ERE

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que él "entiende" que parte de las comisiones cobradas por las compañías aseguradoras "iban para los sindicatos", algo que opina "desde su experiencia profesional".

Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha asegurado que "ha sido ahora" cuando se ha enterado del asunto de las comisiones, y ha puesto de manifiesto que "de haberse enterado antes hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado".

Asimismo, y sobre las ayudas sociolaborales, ha aseverado que él quería que su reparto fuera "universal" y, de hecho, elaboró órdenes y decretos que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías– para procurar que "todo el mundo" tuviera acceso a las mismas, pero ello no fructificó.

Guerrero ha vuelto a nombrar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera al decir que fue él quien "le dio orden" de dar las ayudas al grupo empresarial del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y de su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, señalando que "no tiene una explicación razonable de por qué se le dio tantas ayudas y dinero en tiempo tan concentrado –entre 2003 y 2004–". "Ello es excesivo, pero lo ordenó Viera", ha llegado a afirmar Guerrero, quien ha insistido en todo momento en el hecho de que las ayudas se concedían de manera "discrecional" y no "arbitraria", algo que ha querido hacer constar.

En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenado requisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.