La expresidenta de Invercaria se querella contra el empleado que la grabó

La expresidenta de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, Laura Gómiz, ha presentado una querella criminal contra el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, en defensa de su "honorabilidad" y "gestión profesional" y asegura que la grabación que efectuó Cantos de una conversación entre ambos está "manipulada y sacada de contexto".

Gómiz ha negado que existan irregularidades en su actuación y en la de Invercaria y ha rechazado "de plano" las acusaciones que se han vertido "de manera indiscriminada y en algunos casos descarnada".

Invercaria aseguró el pasado lunes que había "serios indicios de manipulación" en la grabación de las conversaciones en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), en las que, presuntamente, la por entonces presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas.

En un comunicado, Gómiz alude expresamente a una frase pronunciada por ella en la grabación, relativa a la "falta de ética" que cierra el "montaje" de la grabación y que, a su juicio, "está de manera taimada sacada de contexto". En ese punto, la expresidenta de Invercaria ha explicado que esa frase "fue pronunciada por el propio Cantos" y ella se limitó a "reiterarla" porque le pareció "reprobable". Añadió que al escuchar la grabación entendió, "ya tarde", su "deliberado propósito de que yo la repitiera para recogerla aisladamente y hacerla pasar como mía".

Gómiz ha salido al paso "ante las graves acusaciones vertidas contra mi persona" y para defender su "honorabilidad" y su "gestión profesional" por lo que ha presentado una querella criminal contra Cantos en la pide que "se depuren las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido" aquél.

Ha recordado que las grabaciones efectuadas por Cantos fueron aportadas por él mismo a un procedimiento laboral que se sigue ante el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, "en el que reclama para sí una indemnización de 300.000 euros".

Gómiz asegura que la totalidad de la grabación ha sido objeto, en el marco de ese procedimiento laboral, de un informe pericial emitido por un experto en sonido que concluye que "existen numerosos cortes, especialmente en mis frases e intervenciones en la conversación, cercenando de esta manera su significado global con el deliberado propósito de ofrecer un versión tergiversada que legitime la reclamación económica de Cantos".

Así, apunta que, a título de ejemplo, "cada vez que en las transcripciones escritas de la conversación aparecen puntos suspensivos, se deben a estos cortes que, de este modo, impiden obtener el verdadero sentido de mis palabras".

Gómiz aclaró que su dimisión como presidenta de Invercaria se produce cuando tomó conocimiento de la intención de Cantos de que su grabación trascendiera del proceso laboral, de forma que consideró que "la honorabilidad de la representación institucional que desempeñaba en Invercaria debía quedar al margen incluso de la simple sospecha que Cantos pretendía crear al difundir la grabación". Gómiz presentó su dimisión el 21 de febrero "por cuestiones personales y para preparar mejor su defensa frente a Cantos".

La expresidenta de Invercaria rechaza "de plano" todas y cada una de las acusaciones que se han vertido contra ella "de manera indiscriminada y en algunos casos descarnada" y asevera que la conversación que Cantos "manipula" en su grabación obedecía a "la única circunstancia de la incorporación de expedientes archivados a un nuevo programa informático de gestión, el Programa Trewa", y la "falta de procedimiento" a la que se alude "hacía referencia exclusivamente a la ausencia de parámetros previos para ese proceso de archivo".

"De ningún modo se ha ejecutado nada irregular con tales expedientes", ha agregado Gómiz, quien alude a un informe de una consultora externa elaborado al efecto y al hecho de que Cantos "no aporte ni un solo indicio documental que permita atisbar, siquiera sea indirectamente, esas irregularidades que con sus manipulaciones pretende hacer creer ahora, a pesar de que, como directivo de Invercaria durante más de cinco años, tenía acceso permanente y directo a todos sus archivos y expedientes".

Lamenta que sobre la base de una grabación "manipulada intencionadamente", la hayan "condenado" sin que, con carácter previo, "se haya realizado el mínimo intento de averiguar la verdad de lo sucedido".

Asimismo, lamenta que "por intereses puramente políticos", se haya visto "sometida a un juicio paralelo en el que la condena ha recaído antes incluso que mi réplica" y alude a un "linchamiento público" que, en su opinión, "ofende gravemente mi buen nombre y reputación y que pudiera cercenar con carácter definitivo, a mis 31 años, el futuro de mi carrera profesional como economista".

"Resulta paradójico en este sentido que hoy se acoja como irrefutable la grabación de una conversación privada, obtenida sin garantía alguna de autenticidad y de integridad, cuando hace apenas un mes algunos denostaban la captación de conversaciones en el marco de un procedimiento judicial con todas las garantías legales", ha agregado Gómiz.