Amaiur quiere que el Gobierno reconozca como víctimas del terrorismo a los cinco obreros que resultaron muertos por las Fuerzas del Orden Público en las cargas policiales ocurridas en Vitoria el 3 de marzo de 1976, a la vez que reclama que se depuren las responsabilidades de esos sucesos y que se reconozca la "responsabilidad" del Estado en los mismos.
La coalición conformada por Batasuna-ETA, EA, Aralar y Alternatiba registró la que es su primera proposición no de ley en el Congreso el pasado 1 de marzo, tan sólo dos días antes del trigésimo sexto aniversario de estos "trágicos" hechos ocurridos en la capital alavesa.
En la iniciativa, firmada por el abogado Iker Urbina y a la que tuvo acceso Europa Press, Amaiur solicita que el Congreso rechace los asesinatos y las "brutales" agresiones cometidas aquel 3 de marzo de 1976 en el barrio vitoriano de Zaramaga, que se solidarice con las víctimas y sus familiares y que se "reconozca y reivindique" su condición de víctimas del terrorismo.
En la proposición, la coalición batasuna hace suyas las iniciativas promovidas por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo "en demanda de la verdad, la justicia y la reparación, y contra el olvido y la impunidad, y reivindica la memoria y la justicia" para que se esclarezca "por completo" lo sucedido en Vitoria, se "haga justicia" a las víctimas y se "depuren las responsabilidades" que procedan.
Además, insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que incluya a las víctimas de esos hechos, Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del terrorismo y a que reconozca la responsabilidad del Estado en esos hechos.
El 3 de marzo de 1976, cuando aún no estaba reconocido ni el derecho de huelga ni el de reunión, cinco obreros resultaron muertos y cerca de un centenar heridos como consecuencia de los disparos que realizó la Policía para desalojar la Iglesia San Francisco de Asís de Vitoria, gaseada previamente, en la cual se celebraba una asamblea en apoyo a unos trabajadores huelguistas.
Un acto ordenado por funcionarios del Estado
Según relata Amaiur, no consta la autoría de la decisión de asaltar el templo, si correspondió al Ministerio de Interior, entonces ocupado por Manuel Fraga, o al que fuera gobernador civil en la provincia de Álava, Rafael Lavín Vicuña, o a los mandos de las unidades desplegadas.
En cualquier caso, de acuerdo con los testimonios recabados días después de los sucesos, se habla de que la orden de intervención fue firmada por Lavín Vicuña, por lo tanto, según Amaiur, fue un acto ordenado por funcionarios del Estado.
Este pasado domingo, miles de ciudadanos, apoyados por los sindicatos y los familiares de las víctimas, marcharon por la capital alavesa para denunciar los escasos pasos dados en el reconocimiento de los sucesos de Zaramaga.