La juez inadmite ahora la querella de Zougam contra las testigos rumanas del 11-M

La juez de Madrid, Belén Sánchez, ha inadmitido la querella de Jamal Zougam, principal condenado por el 11-M, contra las dos testigos rumanas cuya declaración determinó la condena del marroquí.

Según informa El Mundo, hace apenas un mes la magistrada afirmó en un auto que los hechos denunciados por Jamal Zougam "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos". Para poder ejercer la acción popular, la juez exigió a la madre del condenado una fianza de 3.000 euros. 

Una vez que consiguieron el dinero la juez mantuvo paralizada la causa otro mes aún sabiendo que el delito denunciado podía prescribir el próximo 13 de marzo. Finalmente, en una resolución de tres folios ha decidido inadmitir la querella en la que afirmaba que "no consta concurrencia de los elementos que configuran el delito de falso testimonio".

De hecho, la juez Sánchez, afiliada a Jueces para la Democracia, había dado pocas muestras de querer quedarse con la querella. Primero se inhibió a favor del juzgado que instruía la causa contra Sánchez Manzano. Después de que Coro Cillán rechazase el caso, Sánchez la devolvió al decanato para que turnase un nuevo reparto, pero días después la querella volvió a su juzgado.

Mientras el 19 de enero el auto de la juez afirmaba que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos" un mes más tarde dijo que la querella "pretende contradecir o impugnar la valoración de la prueba" que hizo la Audiencia Nacional "y en concreto la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa".

Sin embargo, la intención de la acción penal era tratar de demostrar el falso testimonio de las testigos rumanas, C-65 y J-70, puesto que existirían hechos nuevos que aquel tribunal no pudo conocer y que probarían que éstas mintieron.

El testimonio de estas dos mujeres rumanas fue "la principal prueba de cargo" contra Zougam puesto que lo situaron en los trenes del 11-M. Curiosamente, J-70 acudió a denunciar por primera vez que le había visto con una mochila en su vagón cuando iba junto a C-65, once  meses después de los atentados. Lo que no dijo es que 15 días antes técnicos del Ministerio de Interior la habían descartado como víctima lo que le cerraba las puertas a las indemnizaciones. Tras inculpar a Zougam entró en el listado y cobró 48.000 euros.

Durante esos once meses J-70 había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería, ante la Dirección General de la Policía, ante el Consorcio de Compensación de Seguros, ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M, ante un tribunal médico y ante una subsecretaria de Interior. En ninguna de esas ocasiones dijo que hubiese visto a Zougam.