El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha considerado "un milagro" que el atentado que ETA llevó a cabo el 4 de agosto de 2002 en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que provocó la muerte de una niña de seis años y un jubilado que esperaba el autobús, no provocara "más víctimas mortales y heridos de mayor gravedad".
Carballo ha elevado a definitiva su petición de 1.180 años de cárcel para los etarras Andoni Otegi Eraso, Iosu, y Óscar Celarain Ortiz, Peio, argumentando que existen "razones sobradas para ello" por la "gravedad intrínseca" del atentado y la "fría intención" de los terroristas, que incluso reconocieron en un documento interno de la banda que querían "atrapar cenando" a sus víctimas.
En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia después de que los etarras hayan renunciado a ejercer su derecho a la última palabra y a ser defendidos por su letrada, el fiscal ha señalado que los terroristas hicieron estallar el coche-bomba "sin aviso previo, al anochecer, en una zona turística y en verano" y con "perfecto conocimiento" de que en la casa-cuartel no sólo vivían los agentes de la Guardia Civil sino también sus mujeres y sus hijos.
Después de apuntar que los acusados incluso trasladaron a la dirección de ETA la posibilidad de "repetir esta tremenda acción en otros cuarteles", Carballo se ha mostrado convencido de que es "díficil confiar en la posibilidad de un arrepentiemiento sincero que alumbre la reinserción de estos acusados y que en un futuro se piense en una excarcelación en la que puedan comportarse con auténtico arrepentimiento".
El representante del Ministerio Público ha comenzado la exposición de su informe definitivo de conclusiones con una "referencia personal", al apuntar que cualquier calificativo sobre los hechos resulta "superficial y ocioso". "Cualquiera somos hijos y sabemos lo que es perder un padre, y algunos somos padres y sabemos lo que puede ser perder un hijo", ha dicho.
Tras recordar que el juicio se ha celebrado diez años después de que ocurrieran los hechos porque los dos acusados han tenido que saldar sus responsabilidades penales en Francia, ha destacado que frente a este "dramatismo personal" queda la "tranquilidad" de que el tribunal cuenta con "un gran acervo probatorio que garantice la condena".
Como principal evidencia ha esgrimido la "autocrítica" incautada al exjefe de ETA Ibon Fernández de Iradi, Susper, en la que Otegi reconocía, en palabras del fiscal, la "dramática y terrorífica peripecia" de acciones terroristas que cometieron en el verano de 2002, "en un breve periodo de tiempo para la cantidad de atentados que cometieron, las vidas que segaron y el terror que provocaron".
La detallada versión que escribieron en ese documento, elaborado para dar cuenta de sus actividades a la dirección de la banda terrorista, está corroborada por las declaraciones de una decena de testigos que los reconocieron, el hallazgo de una cinta con imágenes de la casa-cuartel atacada y croquis de las dependencias de la Guardia Civil de Elche y Torrevieja y el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.
La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que se encontraba en la parada del autobús, así como heridas a otras 56 personas. En concreto, el fiscal ha solicitado que los padres de la pequeña sean indemnizados con 350.000 euros y los herederos del otro fallecido con 250.000, a los que hay que sumar otros 125.000 para el resto de heridos.
En este punto, ha concluido su intervención lamentando no "pedir indemnización" para "los perjudicados que más perdieron" en el atentado porque "perdieron su propia vida".
El abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, que representa a la madre de la niña asesinada, Toñi Santiago, y al resto de su familia, ha asegurado que Silvia es "un ángel de la Guardia Civil" y "un símbolo" para el instituto armado. "El alma de Silvia está entre nosotros y está hoy en esta sala", ha señalado citando a San Agustín.
También ha recalcado que los etarras Otegi y Celarain, que asistieron con "la cabeza gacha" y "sin mover un músculo" al testimonio de la madre de la pequeña, provocaron "el infierno de Dante" en la casa-cuartel siguiendo los postulados de una organización que persigue instaurar "una dictadura socialista para eliminar a los que no son como ellos, como este colectivo de verde".
A pesar de que los dos acusados utilizaron una identidad falsa para albergarse en el camping Bahía de Santa Pola, en el que pernoctaron antes del atentado, Celarain utilizó su nombre real (Óscar) para presentarse a una camarera de un pub cercano al que acudieron a tomar una copa. Así lo ha declarado esta testigo, que ha señalado que habló con el acusado "en una ocasión" una semana antes del atentado y que éste le dijo que estaba "de vacaciones".
El testimonio más relevante del juicio ha sido el de la madre de la pequeña Silvia, Toñi Santiago, que el martes llamó "asesinos cobardes e hijos de puta" a los dos acusados y pidió "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA". "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", reclamó sollozando.