El ministro de Interior intentó desde el jueves frenar la iniciativa de UPyD

Pese a que incluyó en su moción el texto consensuado por PP y PSOE para pedir la disolución a ETA, Rosa Díez y el resto de diputados de UPyD se han quedado solos en su petición para ilegalizar Amaiur y Bildu. Todos los partidos votaron en contra de la propuesta tras un tenso en debate en el que la portavoz de UPyD dijo que no estaban allí "para hacer amigos" mientras el resto de políticos hablaban de "oportunismo" y "demagogia".

La votación llegaba tras un día de negociaciones que, según ha podido saber LD, venían de días atrás. Las maniobras comenzaron el pasado jueves. Un día después de que Rosa Díez acusara al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de “cobardía política” por no sumarse a la petición de ilegalizar Amaiur y Bildu en una interpelación parlamentaria, el propio ministro empuñó personalmente el teléfono para llamar a algunos portavoces parlamentarios y frenar la iniciativa parlamentaria de UPyD, según ha podido saber Libertad Digital.

A lo largo de todo el fin de semana, el Gobierno “ha intentado buscar una solución para que Rosa se sumara” a un texto conjunto de todas las fuerzas políticas para forzarle a desistir de una petición que la dejaría en evidencia, pues según fuentes populares consultadas por este diario, “no hay pruebas concluyentes de la Policía y la Guardia Civil” para la citada ilegalización. Recuerdan que “hay que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu” porque "un rechazo a la demanda de ilegalización sin pruebas fehacientes impide presentar un segundo recurso"

Más allá de las diferencias entre las resoluciones judiciales y el discurso político, los grupos acordaron una enmienda de sustitución al texto de Rosa Díez, de nuevo en el Congreso como moción consecuencia de interpelación. PSOE, PP, CiU, PNV, Izquierda Plural, y CC, UPN y Foro Asturias, por parte del Grupo Mixto, firman el acuerdo transaccional. En él lo que se solicitaba es la disolución de la banda terrorista ETA, pero no la ilegalización de Amaiur. A partir de ahí, cada cual ha intentado arrimar el ascua a su sardina.

El primero en comparecer en rueda de prensa ha sido el socialista Ramón Jáuregui, el negociador con el popular Leopoldo Barreda. Ha explicado un acuerdo que pone en evidencia “el nuevo tiempo político”, si bien éste no está recogido en la literalidad de la enmienda transaccional, y "reconstruye el arco parlamentario en este tiempo de paz".

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha asegurado que en este “nuevo escenario no tienen sentido ni lugar iniciativas como la de Rosa Díez apostando por la ilegalización de un partido político”. Una posición que ha chocado con los postulados del PP. Su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha asegurado que, en este momento, “no existe esa base probatoria, no hay el supuesto” necesario para la ilegalización, pero si llegara el caso, “el Gobierno nunca ha manifestado que no vaya a procurar la aplicación de la Ley. Las leyes están vigentes. Otra cosa es que exista base probatoria para poder iniciarlo”.

La propia Rosa Díez se ha pronunciado sobre el acuerdo mayoritario de la gran mayoría de la Cámara Baja con la que la portavoz califica de “extremadamente grave en términos democráticos”. La parlamentaria ha denunciado que los dos principales partidos hayan tenido “mucho más interés en aislar a UpyD, un partido inequívocamente democrático, parlamentario y nacional, que en aislar a Amaiur. Cada cual elige sus socios y cada cual elige sus tiempos. El Gobierno de la nación y el partido socialista han elegido sus socios y sus adversarios y de ello tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos”. Mientras, el resto de grupos insistía en sus críticas por los pasillos de la cámara: “¡Es que no se le puede permitir!”

Críticas a Rosa Díez

Las críticas a la posición mantenida por la portavoz de UpyD han ido desde las más moderadas, que fijaba el portavoz popular, hasta las críticas más voraces del partido socialista. “Yo le pido que se sume a esta propuesta”, decía Alfonso Alonso. "Pone en evidencia la soledad demagógica, populista y surrealista" de UpyD, añadía Ramón Jáuregui. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha ido más allá al asegurar que si Rosa Díez no asume el acuerdo “se va a constatar la absoluta soledad política de su posición y que la sitúa más en la derecha extrema fuera de la realidad que vivimos, sin violencia".

¿Quién aísla a quien?

Los cruces de acusaciones entre unos y otros impedía ver esta mañana en el Congreso hasta qué punto había voluntad de aislar a Rosa Díez o pretender que se sumara al acuerdo mayoritario. Así, frente a las declaraciones de Soraya Rodríguez en las que ha negado arrinconamiento alguno de Rosa Díez -“la señora Rosa Díez ha tenido a su disposición un texto como el resto de fuerzas políticas con el que buscamos consenso mayoritario. No es verdad lo que dice Rosa Díez"-, fuentes del PP han asegurado a este diario que esta misma mañana no se han dirigido en ningún momento a la portavoz de UPyD para pretender que estampe su firma en el texto. “Tampoco ella nos ha llamado. Parece que estamos en un patio de colegio”.

Por su parte, la propia Díez decía desconocer esta misma mañana el texto del acuerdo transaccional que nadie le había hecho llegar: “Desconozco la enmienda”. Fuentes de otras formaciones firmantes de la oposición sostienen que “se nota el exceso. Ella está donde quería estar desde el principio: sola”. Otros se suman a las denuncias de la portavoz de UPyD por abanderar en soledad la ilegalización de los proetarras: “Ella y Amaiur son los únicos que no firman”. El “oportunismo y la demagogia” son las críticas más repetidos a Rosa Díez quien, según la gran mayoría de los grupos, “ha quemado sus naves”.

“Nuevo tiempo político”

Así las cosas, los firmantes han ensalzado este martes las bondades del acuerdo mayoritario, que finalmente no ha llegado a votarse, en sus diferentes versiones. Para el PP se trata de “un triunfo de la democracia frente a ETA”, si bien el resto de formaciones se empeñan en destacar ese “nuevo tiempo político”. Tres palabras que se recogen en el texto pactado entre todos en aras de alcanzar un acuerdo, como ha explicado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez: "Con el texto se busca el acuerdo y un mayor consenso" aunque ha reconocido que la enmienda pone de manifiesto que "hay un tiempo diferente. Antes había una realidad en la que convivíamos con la violencia de ETA y ahora hay un cese definitivo de la violencia", aseguró. 

"El cese definitivo de la violencia terrorista abre una realidad diferente que requiere una estrategia de trabajo conjunto de unidad, de diálogo político con el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra, de una convivencia social que tiene que estar basada en los principios del Estado de derecho, pero también en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo", aseguró. 

Evidencias aportadas por UPyD

Entre la veintena de "evidencias" aportadas por UPyD para pedir la ilegalización de Bildu y Amaiur, destaca el nombramiento en "puestos clave" de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián de cargos políticos vinculados a Batasuna o al resto de sus marcas electorales.

"Esta maniobra constituye un claro fraude de ley y posibilitaría por sí misma el inicio de un nuevo proceso de ilegalización", subraya la iniciativa de la formación magenta, rechazada con el voto unánime de los partidos. Recuerda también las muestras de apoyo mostradas por dirigentes de Bildu y Amaiur al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que cumple condena en la cárcel de Logroño por pertenencia a banda armada.

En el caso concreto de Amaiur, UPyD hace hincapié en las "constantes manifestaciones" de sus diputados en el Congreso en defensa de los presos de ETA, pidiendo su excarcelación y calificándolos de "presos políticos". Este mismo martes, en el pleno, su portavoz hablaba de "torturas" y calificaba de "compañeros" a los etarras detenidos.

Por último, UPyD recordaba que ETA aún no se ha disuelto y concluía pidiendo que se inicie el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur prevista en la Ley de Partidos Políticos y se aplique la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró ilegales a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna a fin de evitar "su fraudulenta sucesión".