El exalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, está investigado por la juez Mercedes Alaya por la trama de los ERE.
Es más, es que existe una petición formal de la Administración andaluza para que se le impute. Ha declarado que en la Junta lo sabía todo el mundo a nivel oficial. Aunque la Guardia Civil está llamando a declarar a los implicados de la Sierra Norte, aún no se le ha notificado nada. De sus negocios informó hace tiempo Libertad Digital y puede refrescar su memoria aquí.
Rodríguez de la Borbolla ha dicho a La Razón que las "subvenciones se tramitaron en la forma que me han dicho... No son mías. Participé para intentar salvar las empresas, porque estaban en crisis y se me pide que haga algo para que no cierren". Añadió que había "puesto dinero por mi parte; he vendido fincas, ganado y pisos para ello. Unas empresas se han salvado y otras no. Jamás me han dado un céntimo, personalmente, para empresas propias. Ni lo he solicitado".
Esto es, "las subvenciones que me han correspondido eran para salvar las empresas y me han costado dinero. Como alcalde, intenté generar riqueza en el corcho. Con el plan de industrialización, en los 80, me pidió el director general de promoción industrial que intentara montar empresas en el marco de ese plan. Promocioné lo que pude y busqué particulares. Las empresas no iban bien y llegó el momento en que todas estaban en crisis. Intenté esforzarme más, poner dinero. La consecuencia: el más arruinado de todos soy yo. Perdí hasta la camisa". Y apuntilló que, a sus 64 años, "está claro que no me voy a jubilar en mi vida después de esta mierda".
Según De la Borbolla nunca habló en bares ni en chiringuitos, sino que siempre fue en "despachos oficiales y de personas que tenían que representar el máximo respeto institucional" aunque , por ahora, no ha dado nombres. Por ello, su versión coincide con la del ex director general Francisco Javier Guerrero y la empleada asesora técnica de la dirección general que declaró 13 horas ante la Guardia Civil. Con toda claridad, los superiores conocían sus procedimientos y los papeles estarán en la Junta y en las sociedades.
Ángel Rodríguez de la Borbolla y el enigma de las subvenciones desaparecidas
En pleno proceso de investigación de estos ERE, Libertad Digital recibió una llamada de alguien próximo a Luis Teógenes Ruiz Alonso, uno de los administradores de Unión Castellana de Alimentación S.A. En ella se nos dijo que, en efecto, habían intentado establecer algún negocio en Andalucía (recordar aquí), pero que ellos no habían percibido subvención alguna por parte de la Junta. Finalmente, ante la inoperancia de sus socios andaluces, decidieron vender su participación y retirarse en el año 2006. ¿Quién era uno de sus socios andaluces? Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, hermano del expresidente Pepote y exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra.
Según se nos informó adecuadamente, ellos querían montar un negocio de ionización en relación, se supone, con los procesos de alimentación. Alguien les dijo que en Andalucía podría hacerse y les puso en suerte el nombre de la persona que debía allanarles el camino. Esto es, el "conseguidor" necesario para la mediación con la Junta de Andalucía. El nombre que les facilitaron fue el de Ángel Rodríguez de la Borbolla, con quien pusieron en marcha dos empresas, UPRASA INVERSIONES SL B83012500 y ELECTRON SERVICE LINE SL B91343673, que son las que iban a activar la inversión y a construir una fábrica en Andalucía
Pero ni está la fábrica, ni hay nada de nada. Ucalsa se ha declarado, como ya hemos dicho, inocente de haber percibido subvención alguna, pero es un hecho que la Junta de Andalucía aprobó y publicó en BOJA una subvención de casi 500 millones de las viejas pesetas. Moco de pavo, vamos.
Fue en 2006 cuando la Junta de Andalucía gobernada por Manuel Chaves concedió un incentivo directo de 2.764.821,41 (dos millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintiún euros con cuarenta y un céntimos) a la empresa Electrón Service Line, S.L., y además, le concedió una bonificación de tipos de interés por importe de 600.000 euros (seiscientos mil euros). Fue un acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 13 de febrero de 2006, que se contenía en un documento Anexo y que impulsó el entonces Consejero de Innovación, Francisco Vallejo Serrano. Este es el papelito que lo prueba:
O sea, que la subvención se aprobó y se entregó. Pero, ¿a quiénes? Es un caso, no el único, de subvenciones extrañas de la Junta de Andalucía que se emplean en no se sabe qué, porque es como si hubiesen desaparecido respecto al proyecto original que las originó. Si Ucalsa, y así nos lo han asegurado y demostrado, por las fechas, no cobró la subvención, siendo como era socio principal del proyecto del cual se retiró (le vendió las acciones, nada menos que el 92 por ciento, al empresario madrileño Rafael Gómez Arribas a través de la empresa ICC Ingenieros), ¿quién o quiénes cobraron la subvención que dio la Junta de Andalucía? Y luego tenemos otra pregunta: ¿en qué se ha empleado este dinero, nada menos que casi 3 millones de euros? Pues en construir la fábrica, no. Y además había otros incentivos europeos.
En mayo de 2009, tres años más tarde, se publicaba que "cinco millones de euros en fondos europeos como incentivos para la puesta en marcha de una planta de ionización en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas están en el aire después de que la empresa promotora dejara parada la construcción de las instalaciones hace ya más de 15 meses." Esto es, los que cobraron la subvención dejaron tirada la fábrica un año y medio después de percibirla. Y se añadía: "La Junta ha tenido que prorrogar el plazo para que no se pierdan las subvenciones mientras el proyecto acumula incumplimientos y deudas."
Un proceso de dineros incontrolados y el PSOE de por medio, como siempre
El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas -gobernado por el PSOE- vendió en julio de 2005 en subasta pública a Electron Service Line SL (Eserline) 150.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de un complejo de ionización con cuatro aceleradores de electrones y dos plantas de tratamiento, con una inversión total cifrada en unos 12 millones de euros. El coste del suelo por obra y gracia del Ayuntamiento socialista y de su alcaldesa María José Cervantes Medina, iba a ser cero.
Eserline, contracción de Electron Service Line, prometió hacer la planta de ionización en dos años, a mantener el uso industrial de los terrenos durante 30 años, a no enajenar suelo al menos hasta que hubieran transcurridos cinco años del comienzo de la actividad y a que el 50 por ciento de los puestos de trabajo se cubrieran con trabajadores de Villanueva del Río y Minas. El incumplimiento de cualquiera de estos compromisos, como recogía el punto 17 del pliego de condiciones que reguló la subasta, era motivo suficiente para exigir la reversión de los terrenos. Naturalmente, ya en 2008 se reclamó que los terrenos se revertieran porque la fábrica no se ha hecho. La alcaldesa se negó.
Sólo quedaban Rodríguez de la Borbolla y sus nuevos socios.
En 2009, las obras estaban abandonadas y la sociedad acumulaba importantes deudas con proveedores, trabajadores y la Seguridad Social
¿Quién cogió el dinero y corrió?
Ángel Rodríguez de la Borbolla, que no ha dado cuenta del dinero recibido de la Junta de Andalucía ni ha llevado a los tribunales a nadie que sepamos, comenzó a buscar, dijo la alcaldesa, nuevos inversores que comprasen la participación de Gómez Arribas, a quien veladamente se acusa del entuerto.
Dijo El Mundo: "Considerado el proyecto más moderno e innovador del mundo en el Congreso Mundial de Ionización de 2006, estaba llamada a ser la segunda planta de estas características que iba a funcionar en España. Este apoyo se ha sustanciado en cuantiosas ayudas públicas, cifradas en más de seis millones de euros. Así, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico- le concedió el 23 de marzo de 2004 una ayuda de 1.161.957 euros. En mayo de 2006, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -Innovación, Ciencia y Empresa- le dio una subvención a la inversión de 2,8 millones de euros, más 0,6 millones de bonificación en puntos de interés. En octubre de ese mismo año, el Ministerio de Economía -dentro del programa de Incentivos Regionales- le otorgó 1,5 millones de euros más por la generación de empleo que iba a suponer su puesta en marcha."
De la que iba a ser la planta de ionización por acelerador de electrones más moderna del mundo hemos pasado a la nada y con muchos millones de euros perdidos sin que nadie sea responsable de nada ni actúe fiscalía alguna.
Otra cosita final. Según detallaba Unión Minera, el partido de la oposición en el pueblo, hubo un protocolo de colaboración firmado el 23 de marzo de 2004 entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el exalcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla en calidad de administrador, por el que la Junta reconocía a Eserline una subvención de casi 1,2 millones de euros para el proyecto, y otra del mismo importe a la sociedad Uprasa Inversiones S.L. -que fue absorbida por Eserline- por igual concepto "antes incluso de que el Consistorio les vendiera los suelos". Parece raro que te concedan una subvención antes incluso de tener el suelo, ¿no? Lo cierto es que el Ayuntamiento recalificó los terrenos concedidos a Eserline y convirtió en suelo industrial el primitivo suelo rústico revalorizándolo hasta los 9 millones de euros (por ellos, no se pagó en realidad nada).
Por cierto, la Junta de Andalucía no ha explicado nada, pero en su Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, se ha dirigido a Electron Service Line, S.L. porque ni siquiera encuentra a sus responsables, y les dice que "en cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica al beneficiario del Programa de subvención a fondo perdido previsto en el Real Decreto 162/2008 en los términos señalados en la Ley 50/85, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, sito en C/ Graham Bell, 5, Edif. Rubén Darío II, 4.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.".
¿Y cómo se traga esto si el socio De la Borbolla desmintió al periódico ABC que se hubiera cobrado "ni una sola subvención" puesto que fue "un compromiso de la Junta si la actividad se ponía en marcha"? Esto es, si nada se cobró, ¿qué hace la Junta llamando "beneficiario" de una subvención a fondo perdido a la empresa en la que participa De la Borbolla?
He aquí el enigma de la subvención, o subvenciones, desaparecidas.