A Baltasar Garzón se le acumulan los problemas. A las tres causas que ha tenido abierta en España y su condena por una de ellas, ahora es en Ecuador donde podría enfrentarse a otra causa por supuesta malversación de fondos.
Según informa La Razón, Baltasar Garzón trabaja para Rafael Correa como "observador internacional" para el que supervisa la reforma de la Justicia del país. En este sentido, el portavoz de la Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE), Pedro Javier Granja, ha anunciado que pedirán el procesamiento del exmagistrado como "cómplice de malversación de fondos estatales". Hace dos semanas el español fue declarado persona non grata por unanimidad por el colegio de abogados.
De este modo, los abogados de Ecuador acusan a Garzón de que "está cobrando por un trabajo que no realiza" después de que Correa lo contratase para supervisar una reforma judicial que todos los colegios de abogados del país ven claramente inconstitucional.
Por este trabajo el exjuez de la Audiencia Nacional recibirá más de 50.000 euros aunque Granja afirma que "Garzón no hace nada. Vino dos veces a Quito y siempre en fines de semana". Además añade que "nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que fueron elegidos de forma discrecional". Así, cuando se le ha preguntado por este asunto se limita a contestar que "a él no le toca analizar esas cosas".
Pero la gota que ha colmado el vaso para los letrados ecuatorianos ha sido que el Ejecutivo de Correa acaba de contratar a un funcionario para que "represente" in situ a Garzón para que gestione el proceso y haga el trabajo que tendría que estar haciendo el exjuez español en Ecuador. "Se trata de un delito, ya que pagan con fondos del Estado a dos personas por el mismo trabajo", aseguran desde la FNAE.
Este colegio ya ha acudido a la Embajada española para pedir a las autoridades que intervengan y pidan cuentas de su trabajo en Ecuador. Esto mismo se lo solicitaron a Garzón aunque éste nunca contestó.
Polémica también en Colombia
Mientras tanto, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha insistido en la inconveniencia de que Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo, se mantenga como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz-OEA (MAPP-OEA) en este país sudamericano.
"Estamos frente a una apología de la ilegalidad, por decir lo menos", afirmó Ordóñez al aludir a la decisión del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos de aceptar que Garzón siga como asesor de asuntos de política judicial en Colombia.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el martes que Garzón "seguirá ayudando en los temas asignados hasta que se acabe el contrato con la OEA. Le reiteramos agradecimiento y confianza".
El jefe del Ministerio Público declaró en una entrevista con la cadena Caracol Radio en Bogotá que no puede ser que el juez aparezca como asesor en Colombia cuando ha sido condenado en España.