Según publica este jueves el diario El Mundo, Francisco González Cabaña, secretario general del PSOE de Cádiz y escolta político de Chaves en Andalucía, puede estar en el meollo del escándalo del Plan Bahía Competitiva, por el que una trama de empresarios y altos cargos de la Junta se quedaron o desviaron más de 20 millones de euros destinados a crear empleo en la comarca de la Bahía de Cádiz.
Los investigadores policiales situaron inicialmente en el centro de la trama a Antonio Perales Pizarro, un importante miembro del PSOE de Cádiz y miembro del clan de Alcala como Cabaña. Perales fue encargado por la Junta del Plan Bahía Competitiva y fue destituido por este escándalo. Ahora, la UDYCO cree que Cabaña tuvo un papel decisivo en la trama por su estrecha vinculación personal con Perales Pizarro y por el papel de la Diputación que presidía en el control de las ayudas.
Para la Policía, entre las administraciones públicas implicadas la Diputación de Cádiz, gobernada en aquel momento por el PSOE y presidida por González Cabaña, fue la que llevó un mayor peso en el fraude por el que fueron detenidos el pasado mes de diciembre el exgerente del Plan Bahía, Antonio Perales Pizarro, su sobrina, Ofelia, hija del fallecido Alfonso Perales, y una funcionaria de la Agencia Idea.
En la hipótesis policial, la Diputación tenía la llave de la caja de los fondos aportados tanto por el Ministerio de Industria como por la Junta. La institución presidida por González Cabaña llevaba a cabo las evaluaciones de los proyectos que solicitaban las subvenciones públicas. Del resultado de estos informes dependía que la Dirección General de Industria concediese las ayudas o no.
Todo normal de no ser por las irregularidades muy graves detectadas por los investigadores. Cuenta El Mundo que la Diputación de Cádiz seguía otorgando sus bendiciones y evaluaba favorablemente proyectos que nunca llegaron a ejecutarse cuando ya había evidencias de que algo no funcionaba correctamente. Incluso en 2011, los técnicos bajo mando de González Cabaña mantuvieron su forma de actuar sin alterar los protocolos establecidos a pesar de que existían evidencias del fracaso de muchos de los proyectos que habían pasado por sus manos. Pero es que la Diputación de Cádiz y el exgerente del Plan Bahía, Antonio Perales Pizarro, tenían la encomienda del Ministerio de Industria de evaluar las iniciativas empresariales que reuniesen los ‘méritos’ para obtener respaldo público.
Además, la Policía está segura de que los miembros de la trama organizada para desviar las ayudas públicas para la creación de empleo en la Bahía de Cádiz contaban con la connivencia de algunos técnicos del Ministerio de Industria que dirigió Miguel Sebastián que, hasta el cambio de Gobierno, tuvo una indudable responsabilidad en la concesión irregular de los fondos. Sobre todo, fue notoria la falta de control sobre documentos y certificaciones de los proyectos cuyo remate fue el tener que pedir en el BOE datos de localización de las empresas que habían recibido las subvenciones y no habían cumplido sus compromisos. Sin dicha connivencia, la situación expuesta no hubiera sido posible.
La trascendencia de esta investigación policial es tremenda para el PSOE andaluz y para su gran pilar gaditano, el clan de Alcalá. Téngase en cuenta que Luis Pizarro, número 1 de la candidatura del PSOE por Cádiz a las próximas elecciones andaluzas, es primo hermano de Antonio Perales Pizarro y, además de vicesecretario general del PSOE andaluz, fue consejero de la Junta. En el momento presente, González Cabaña, como líder del PSOE en Cádiz, ha logrado imponerse a los partidarios de Griñán, pero la aparición en la escena de la Operación Bahía puede provocar una crisis aún más honda en el PSOE gaditano y andaluz.