Si ayer contábamos cómo los millones destinados a la inversión en la Bahía de Cádiz se desviaban de sus objetivos en la Junta de Andalucía, hoy se confirma, según fuentes policiales, que la trama de empresarios, gestores y cargos públicos de la Junta de Andalucía que supuestamente saqueó los fondos públicos con los que se pretendía impulsar la reindustrialización de la comarca de la Bahía de Cádiz se hizo con un botín, según la Policía Nacional, de 24.746.047,83 euros.
21,1 millones de euros desembolsó el Ministerio de Industria a las empresas creadas por los implicados y los 3,6 millones de euros salieron de las arcas de la Administración andaluza con el mismo destino. El principio del caso ya fue contado en Libertad Digital y hoy lo completa El Mundo. En el caso aparecen implicados un miembro destacado del clan socialista de Alcalá, Antonio Perales Pizarro, y su sobrina, Ofelia Perales que fueron detenidos el pasado mes de diciembre. El escándalo saltó cuando Libertad Digital informó de que Industria había reclamado a algunas empresas vinculadas al empresario gallego Dávila Ouviña el reingreso de las subvenciones recibidas al comprobar que no había ejecutado ninguno de los planes acordados.
Según El Mundo, la trama creó hasta medio centenar de empresas en dos años para captar los fondos destinados a la reindustrialización de la Bahía. Los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) han corroborado el cobro fraudulento de subvenciones por parte de empresas como Cádiz Solar Center, que recibió 11 millones de euros; Soluciones Tecnológicas Ambientales, que ingresó 2.400.000 euros; Aquandalucia SL, que percibió 2.100.000 euros; Sostenibilidad, Ecología, Agua SL, que recibió tres millones, y Bagazo SL, que se benefició de una ayuda de 2.600.000 euros.
Ese medio centenar de empresas fueron constituidas desde 2008, a veces ocho empresas el mismo día. En 2010 formalizaron 21 sociedades, de las que siete se constituyeron el 26 de mayo y nueve el 23 de septiembre.
Los investigadores de Udyco han descubierto que tras todas ellas latía una trama familiar compuesta por la familia del gallego Alejandro Dávila Ouviña, junto al que aparecen Benito Alberto Domínguez Royo, Segundo Lino Lago Rodríguez, Rodrigo Alejandro Burgos Vega, Ana Isabel Fuentes Mateo o M. V. B. V. Y, por otro, la familia Retolaza y una tercera cuyo nombre no ha trascendido, pero que fuentes policiales relacionan con un alto cargo socialista.
En la empresa Soluciones Tecnológicas Ambientales, que recibió, de acuerdo con los datos policiales, subvenciones públicas por valor de 2,4 millones de euros, trabajaba Ofelia Perales, sobrina del exgerente del Plan Bahía Competitiva e hija del fallecido exconsejero de la Junta de Andalucía y miembro de la Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Perales. Ofelia Perales, de hecho, fue detenida el pasado mes de diciembre al mismo tiempo que su tío Antonio. A ambos les llamó la Udyco en calidad de imputados por haber participado en la trama de fraude.