Después de que el Tribunal Supremo haya condenado este jueves a once años de inhabilitación al magistrado Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, ahora es el turno del Consejo General del Poder Judicial que deberá expulsarlo de la Carrera.
Así lo ordena la sentencia condenatoria donde se señala "póngase este fallo en conocimiento del CGPJ a los efectos oportunos". Esto se traduce en que la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces deberá hacer efectiva la "inhabilitación especial" de Garzón "para cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
No obstante, Garzón tiene a día de hoy otras dos causas judiciales abiertas en el Supremo. La primera de ellas, la de la Memoria Histórica –pendiente de sentencia- , y en segundo lugar la de los cobros de Nueva York, donde todavía no se le ha abierto juicio oral.
Del procedimiento por investigar los crímenes el franquismo se conocerá el fallo en los próximos días, tras celebración de un juicio que ha durado dos semanas. La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad solicitó 20 años de inhabilitación por prevaricación. En caso de que el Supremo decida también condenar a Baltasar Garzón por este mismo delito prevalecería la pena mayor. En caso de absolución, esta decisión no afectaría a la condena de Gürtel.
La sentencia conocida este jueves también influirá previsiblemente en la tercera causa que tiene abierta el todavía juez: la de los cobros de Nueva York. Si Garzón es expulsado de la Magistratura antes de que el instructor del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, lo haya mandado al banquillo, la causa pasará a investigarse en los juzgados ordinarios de Madrid.
Otra de las consecuencias que tendrá la salida de Garzón de la Carrera Judicial –hasta ahora sólo está suspendido cautelarmente- es que su plaza de la Audiencia Nacional –titular del Juzgado de Instrucción número 5- saldrá a concurso. Esto se traduce en que el magistrado Pablo Ruz deberá abandonar este órgano judicial de forma inmediata. El CGPJ elegirá al sustituto de Baltasar Garzón atendiendo principalmente a los criterios de antigüedad, tal y como señala la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las posibilidades de que Ruz salga elegido son mínimas dada su juventud.
La última incógnita por despejar es qué pasara si dentro de once años Garzón quiere volver a ejercer jurisdicción. Una vez que haya cumplido esta condena –que es firme – el superjuez debería solicitar su reingreso al órgano de gobierno de los jueces. Podría volver a la Judicatura pero tendría que concursar desde el principio por una plaza. Los once años alejados de la toga con puñetas no computarán en su curriculum ni le valdrán para ascender de categoría.
Las únicas formas de que Baltasar Garzón se libre de cumplir esta condena es que el Gobierno le conceda la pena de gracia o indulto o que el Tribunal Constitucional -en caso de que recurra- le conceda el amparo. Algo que a día de hoy parece altamente improbable.