Garzón acusa al Supremo de "eliminar toda posibilidad" de investigar la corrupción

El juez Baltasar Garzón ha mostrado este jueves su rechazo "frontal" a la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a once años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo al considerar que la misma "no se ajusta a derecho". En este sentido, ha denunciado que el "afán de acabar" con él, con una sentencia "predeterminada" de antemano y "aberrante", impedirá investigar la corrupción.

"Elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España", ha señalado Garzón en una nota enviada a los medios de comunicación.

Garzón sostiene que rechaza "frontalmente" la sentencia que se la ha sido notificada este jueves. "Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada", añade.

"Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban", argumenta el juez en su escrito.

Habrá recurso

Garzón, que anuncia que acudirá a vías legales para "combatir" la sentencia y tratar de paliar el "perjuicio irreparable" contra su persona, insiste en que la resolución del Supremo carece de razón jurídica.

En concreto, califica de "aberración" que los magistrados del Supremo afirmen en su sentencia que autorizó las escuchas con conocimiento de que violaba el derecho de defensa de los imputados. Según él, se sostiene esto para "eliminar la base" de su absolución, a pesar de que, añade, "no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho a la defensa".

"Y no lo dice", continúa Garzón, "sencillamente porque no existe. Lo inventa". El magistrado acusa al Supremo de "faltar a la verdad" y defiende que personalmente garantizó –"y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal", dice– que se salvaguardara el derecho de los abogados cuando sus conversaciones con sus clientes fueron grabadas.

De esta forma, Garzón insiste en que "siempre" cumplió las normas con rigor y que "se ajustó a la ley" en la investigación del caso Gürtel a pesar de que se le "ha impedido" aportar las pruebas que demuestran esto, "prescindiendo de la implicación y participación de los abogados en la trama".