El actual director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, firmó órdenes de pago directas a una intermediaria de los ERE. El hecho parece incuestionable tras la exhibición de documentos que hizo el lunes el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que apostilló diciendo que "con esto se demuestra que la Junta ha ocultado, de forma consciente, el pago de estas comisiones".
Para probar su afirmación, Sanz mostró en rueda de prensa unos documentos que reflejan dos ayudas firmadas por el propio Rivera. Por un lado, destaca una ayuda sociolaboral a la Asociación de Promoción Social 28 de Febrero (Santana) por un importe de 603.291 euros y por otro, hizo alusión a la ayuda a la Asociación de Faja Pirítica de Huelva por un importe de 544.406,52 euros, ambas en la cuenta de la interventora Uniter S.L.
Sanz indicó que el PP ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, basándose en los atestados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el que, además de aportar los documentos anteriores, se recoge que "en la Consejería de Empleo obran, desde hace tiempo, documentos acreditativos de importe de las primas abonadas a las distintas compañías aseguradoras con el desglose de que parte de las mismas iban destinadas al pago de comisiones a las intermediarias, sin que tal información haya sido facilitada al Juzgado y que, ahora, una vez hecho público, están siendo utilizados para la elaboración de informes al respecto".
A través de este escrito, Sanz considera que es necesario que se requiera a la Junta que aporte toda la información documental que haya en los archivos de la consejería de Empleo o del IFA sobre las comisiones que, tanto Vitalia como Uniter, hayan podido cobrar, directa o indirectamente, relacionadas con el fondo de reptiles.
Asimismo, afirmó que con esta información se demuestra que la Junta ha ocultado, de forma consciente, el pago de estas comisiones e indicó que "en la consejería de Empleo consta documentación que no ha sido remitida a la juez y en donde se certifica que se pagaban estas comisiones".
"Estamos hablando de órdenes de pago directas de la Junta de Andalucía a uno de los dos intermediarios que participan en todos los procesos", agregó.
Sanz aseguró que el contenido de este escrito debe conllevar la dimisión del consejero de Empleo, Manolo Recio, así como del actual director general de Empleo, Daniel Rivera.
También aseveró que ahora hay que analizar qué es lo que ha pasado con los pagos a Uniter, si se quedaban en la intermediaria o si salían de ésta, y saber quiénes eran los beneficiarios finales de estos pagos.
Sanz calificó estos hechos como de "enorme gravedad", porque se vuelve a "coger a la Junta en una mentira" y en un "intento de arropar a otro dirigente político". "La Junta de Andalucía, o no sabe dónde están de pie, o no se han leído nada de los papeles para saber de lo que pueden o no pueden hablar", agregó.
Finalmente, Sanz aseguró que no se puede tener un presidente de la Junta "cazando moscas" ante este "monumental" escándalo.
