Unos 15 empleados y autónomos vinculados al entramado empresarial del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, han declarado este lunes como testigos ante la Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach para dar detalles sobre la estructura de estas actividades.
En una conversación con los periodistas a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en la Via Laietana, donde se llevan a cabo estas declaraciones, recogida por Europa Press, el fiscal ha explicado que comparecerán en total unas 70 personas hasta el próximo miércoles por la tarde -entre 20 y 25 cada día-.
Los testigos -mitad trabajadores y mitad autónomos, aproximadamente- explicarán ante el fiscal y ocho policías judiciales desplazados desde Palma quién tomaba las decisiones en el entramado empresarial, cómo era su estructura y qué función y vinculación tenían los propios testigos con las actividades del duque.
En concreto, se ha citado a empleados de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goaes Center For Stakeholder Management, a través de las cuales presuntamente se desviaron los fondos recibidos de administraciones públicas para actividades de mecenazgo y consultoría.
Entre los citados que han comparecido este lunes por la mañana en calidad de testigo se encontraba el exjugador de baloncesto del FC Barcelona y del Joventut de Badalona José Antonio Montero que realizó trabajos de consultoría para el instituto Nóos.
La comitiva judicial se ha desplazado a Barcelona para tomar estas declaraciones "por una cuestión práctica": no obligar a los testigos a viajar a Palma, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.