Garzón utiliza en su defensa los dramas de desaparecidos en la Guerra

El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo se ha retomado este miércoles con los testimonios de miembros de la Memoria Histórica que comparecen a petición de la defensa y que han narrado por primera vez ante la más alto tribunal español los dramas personales que vivieron.

La primera en declarar ha sido María Martín, una mujer de 81 años que, con la voz entrecortada y vestida de riguroso luto, ha relatado cómo perdió a su madre en la Guerra Civil.

La testigo narró que a su progenitora la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima".

Según Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna Administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese a haberse dirigido por carta a muchas de ellas.

Por otro lado, también ha testificado en la Sala la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica en Arucas (Gran Canaria), María del Pino Sosa Sosa, quien también vivió su propio drama con la Guerra. ´

Su padre también desapareció. En su testimonio, Sosa ha manifestado ante el tribunal que no supo nada de su progenitor desde que "se lo llevaron", y que su madre, que enfermó, nunca quiso aceptar la declaración de fallecimiento "porque se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba", ha señalado. "Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas". La testigo ha recalcado que "reclamar" las desapariciones era para ella un "deber".

Su asociación fue de los primeros colectivos que presentó su denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Durante su intervención, la testigo ha explicado que previamente había presentado una denuncia en el Ayuntamiento de Arucas por estos hechos, pero que no se admitió a trámite.

Posteriormente, a María del Pino Sosa le dijeron que los crímenes por "delitos de lesa humanidad" no prescribían así que decidió denunciar las desapariciones ante la Audiencia. Esta agrupación manifestó ante este órgano judicial que había más de 500 desapariciones en Gran Canarias, aunque a día de hoy –ha señalado- han ido sumando muchas más.

Por último, la Sala ha escuchado el testimonio del historiador Ángel Rodríguez Gallardo cuya labor consistía en averiguar qué sucedió con los cientos de desaparecidos tras la Guerra Civil.

"Presentamos denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar", recalcó el investigador, en referencia a las desapariciones.

El testigo, que ha subrayado que con el conflicto se llegó a cometer un "genocidio" en cumplimiento de un "plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República", enfatizó en que recurrieron a la Justicia porque era "imposible" saber qué había pasado sin su ayuda dada la falta de colaboración de las instituciones.

Por su parte, la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad protestaron ante el tribunal presidido por el magistrado Carlos Granados al entender que dichos testimonios no contribuyen a aclarar el objeto de este juicio: si Baltasar Garzón cometió o no un delito de prevaricación cuando trato de enjuiciar los crímenes de la Guerra Ciivil y el franquismo.

La Sala rechazó la protesta y respondió que esa labor –considerar la idoneidad de las pruebas testificales- corresponde al propio tribunal. Es el presidente el que determina las pruebas que son pertinentes", señaló Granados.

Baltasar Garzón se encuentra imputado por un delito de prevaricación al tratar de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo desde el juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional. El magistrado, suspendido de sus funciones, se enfrenta a una multa y hasta 20 años de inhabilitación.