Después de que el pasado miércoles anunciara en el Congreso cambios para tratar de regenerar y despolitizar la Justicia, Alberto Ruiz Gallardón habla de algunas de las propuestas más importantes en una entrevista en ABC. Unos anuncios que, afirma, serán aprobados tenga o no el apoyo del PSOE, que ya ha criticado duramente su plan: "Si después del intento no alcanzo el consenso y fracaso, eso no me va a detener en la puesta en marcha de las medidas. Mi compromiso es con los ciudadanos, con los que hemos firmado un contrato", ha dicho en alusión al programa electoral, donde se incluían estas ideas.
Gallardón califica la politización como "el principal problema de la Justicia en las últimas legislaturas". A acabar con ella contribuirá el cambio en el método de elección de los vocales del CGPJ –doce de ellos serán elegidos por los propios jueces–. "Ahí es donde tenemos que romper, conseguir la independencia en las decisiones de los órganos de gobierno y que los ciudadanos se queden plenamente convencidos de esa realidad", dice. Aspira también a que los otros ocho, que elegirá el Congreso, "sean representantes de todos. Habremos dado un paso de gigante".
Sobre el papel del fiscal, que Caamaño quería reforzar en la instrucción, Gallardón dice que "no podemos devaluar la figura del juez instructor". Sostiene que su Ejecutivo respetará la autonomía del Fiscal General del Estado para que su actuación sea percibida "siempre como una decisión profesional, no una decisión política marcada por el Gobierno". Y añade que su Ejecutivo "no interferirá en la actuación del fiscal".
Gallardón insiste en la necesidad de que la Justicia funcione en agosto y defiende, como dijo en el Congreso, aplicar la prisión permanente revisable a casos en los que se aprecie que "hay una penalización insuficiente" por parte de la sociedad y el mundo jurídico. "Debemos ser muy prudentes pero muy firmes también. La impunidad perjudica a todos. Primero a la víctima, pero también a toda la sociedad", dice.
Sobre los cambios en la ley del aborto, avanza que "el concebido será titular de derechos, y sólo se podrá interrumpir el embarazo cuando la colisión de esos derechos con otros distintos no constituya una conducta penal".