La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la denuncia presentada por Iván Chaves Iborra, hijo del expresidente de la Junta Manuel Chaves, por el robo de documentos en su despacho, aunque deja abierta la posibilidad de investigar en otra causa si aparecen nuevos indicios de delito.
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 17 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía dice que la investigación muestra que la denuncia de Chaves Iborra "obedecía a la realidad", si bien no han aparecido "indicios razonables" para imputar al periodista Melchor Miralles su participación en el robo.
Por ello, pide el sobreseimiento de la causa por el robo aunque deja abierta la posibilidad de abrir unas "diligencias independientes del presente procedimiento" en caso de "aparecer nuevos datos relativos a la información publicada" y de ello "se revelara la presunta comisión de ilícito penal".
Iván Chaves denunció el 8 de marzo de 2011 el robo de nueve contratos fechados entre mayo de 2006 y septiembre de 2009 y de dos agendas, de cuya falta se había percatado al recibir una llamada del periodista, que posteriormente publicó varias informaciones sobre sus negocios con la Junta de Andalucía cuando estaba presidida por su padre.
El escrito de la Fiscalía cita el atestado de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía (UDYCO) según la cual las noticias de prensa "podrían poner de manifiesto una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias".
También hacía constar que la publicación no estaba autorizada y pudiera constituir un delito de revelación de secretos y dejaba abierta "la posibilidad de que Melchor Miralles haya participado en la comisión de un delito contra la propiedad al poder haber intervenido en la sustracción de los documentos". El atestado añadía la posibilidad de que la denuncia de Iván Chaves tuviese por objeto "invalidar la información publicada".
Tras hacer este resumen, la Fiscalía dice que no se debe perder "el horizonte de la presente causa", que es la existencia de delito en el robo de los documentos e identificar a su autor. Concluye que de las gestiones realizadas por la Policía y de las declaraciones del denunciante y denunciado "no puede sino desprenderse la realidad objetiva" del robo de "una serie de contratos entre el denunciante y terceras personas", que no es objeto del presente procedimiento, y tampoco se deduce que la denuncia "no obedezca a la realidad".
No obstante, "se desconoce cómo llegó a manos del periodista la documentación" y no consta su intervención en la sustracción, aspecto en el que es "revelador que el propio denunciante manifieste que no sospecha de nadie", por lo que la Fiscalía pide el archivo por "ausencia de indicios razonables" para imputar al periodista.