Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, se ha mostrado favorable hoy en la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la despolitización de la Justicia revisando el método de selección de los juces del Poder Judicial. "La independencia de los órganos de los jueces es nuestra obligación, perseguirla y conseguirla, no se trata de que aquí mando yo ahora ni de cuotas. Lo que no elegimos aquí también es democrático ¿o no es democrático?".
También se ha mostrado de acuerdo en exigir responsabilidad penal a los malos gestores ya que, a su juicio, hay una labor preventiva que deben hacer los responsables políticos. En esta línea, Díez ha apostado por incluir en el Código Penal un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos un perjuicio económicamente evaluable.
En la misma línea ha insistido en afrontar la responsabilidad de los partidos políticos y de los sindicatos que se han beneficiado o, incluso, han auspiciado y promovido dichas prácticas. "Creemos en la modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos".
La diputada ha instado al ministro a abordar la suspensión cautelar de funciones a todo cargo público acusado de un delito contra la administración pública. "El tipo de amenaza que puede suponer este tipo de actividad a nuestro Estado de Derecho justifica una medida provisional como la propuesta para impedir, entre otras, situaciones como en las que imputados por graves delitos continúan ocupando sus cargos públicos y percibiendo remuneraciones del erario público a pesar de la existencia de actividad probatoria relativa a su actuación desleal como depositarios de la confianza de los ciudadanos".
Díez ha instado también al Gobierno a perseguir la corrupción dentro de la reforma de la Justicia anunciada hoy por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque, a su juicio, para garantizar su independencia y la de sus órganos es obligación de los políticos perseguir dicha lacra.
Sin embargo, la diputada ha negado la ‘afición’ de los ciudadanos a pleitear por gusto alegada por el ministro en comparación con países como Francia ya que los asuntos civiles nuevos en Francia en 2010 fueron 2.780.062 y en España ese mismo año fueron 1.984.098. "No puede hablarse de exceso de litigiosidad como si fuera un vicio de los españoles", ha afirmado para insistir en que dicha litigiosidad no sólo no está aumentando sino que tiende a disminuir, seguramente a causa del agravamiento de la crisis económica.