Una "auténtica revolución". Así se podría definir el amplio paquetes de medidas que el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en su primera comparecencia en sede en el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, el ministro ha abogado por "el momento del cambio", por modernizar la Administración de Justicia señalando que "no podemos seguir igual". Minutos después, Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado "reformas de alcance" en la presente lesgislatura con nuevas leyes y modificación de otras que afectan a todos los ámbitos. En su opinión, estas modificaciones son uno de los mayores retos a los que se enfrenta España.
En la palabras del propio ministro la regeneración de la Administración de Justicia comenzará "por la cúspide" con la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que serán escogidos por miembros de la propia Magistratura para acaba así con la "politización" de la Justicia y con el actual "sistema perverso" de elección. "La división de poderes a efecto del ciudadano está vulnerada por la lucha partidista", recalcó el ministro.
Este primer cambio obligará a reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no será la única normativa que el ministro Ruiz Gallardón ha anunciado: también reformará la ley del Menor y del Aborto. La cadena perpetua revisable también ha sido anunciada por el titular del Ministerio.
Para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva. De esta forma, los ciudadanos deberán pagar cuando quieran recurrir a una segunda instancia judicial con la intención de reducir así " el abuso" de acceso a los tribunales y la ingente litigiosidad.
Posteriormente, Gallardón ha anunciado una serie de leyes y reformas. Éstas son las principales:
Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de elección de modo que doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial.
Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: el Ministerio entiende que es necesario actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una realidad muy distinta a la actual.
Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real. No solo integrará en un único cuerpo legal la dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.
Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Por su envergadura, es un proyecto de legislatura para actualizar una ley original del siglo XIX. La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre otros.
Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación , se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.
Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.
Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.
También anunció una serie de reformas legislativas parciales. Estas son las principales:
De este modo, habrá una reforma de la Ley del Aborto en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Igualmente, se estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social, tal y como ha asegurado el ministro.
Del mismo modo, se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior. Introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del que tanto éxito ha tenido en el ámbito penal.
Reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito, quien en palabras del ministro han estado "abandonadas". Una reivindicación que ha crecido en los últimos años y que se corresponde con el completo abandono de la víctima en el ámbito normativo. Se reestablecerá su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena, y se establecerán fórmulas para eludir el pago de las indemnizaciones.
Entre los anuncios también destaca la introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.