Desde que en el año 1986 Alfonso Guerra ‘matase’ a Montesquieu para que fueran los políticos quienes designasen a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, en España no ha existido la separación de poderes y la corrupción política ha ido creciendo hasta los límites en los que se encuentra en la actualidad.
El propósito anunciado por Gallardón es volver al modelo constitucional que establece en su artículo 122 que el CGPJ estará formado por veinte miembros y de éstos, doce son elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado.
Para ello deberá abordar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, tal y como recoge la Constitución, regula el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. A diferencia de una ley ordinaria, las leyes orgánicas –el desarrollo legislativo de mayor rango en España y que exige un apoyo mayor –requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados (176 diputados) en una votación final sobre el conjunto del proyecto para ser aprobadas.
Las leyes orgánicas, definidas en el artículo 80 de la Constitución, están reservadas al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía y régimen electoral general o para otros preceptos de la Constitución a los que aquél remite, como normas reguladoras de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado autonómico. No es preciso, pese a que está muy extendida esta idea, la mayoría de dos tercios, reservada para las reformas constitucionales.
Aunque es habitual que en este tipo de reformas se apele al diálogo y al consenso entre los dos grandes partidos, el PP no necesita pactar con el PSOE para sacarla adelante ya que cuenta con una amplia mayoría absoluta de 186 diputados, que se vería reforzada con los 5 de Unión Progreso y Democracia. Rosa Díez ya ha anticipado el apoyo de su partido a esta reforma.
Con este resplado parlamentario el Gobierno tiene toda la legitimidad para una reforma histórica, por mucho que el PSOE ya haya anunciado su frontal oposición y que “no permitirá” a Gallardón llevarla a cabo.