El caso de los ERE, además de perjudicar con claridad el futuro político del PSOE andaluz y de su frágil líder, José Antonio Griñán, sigue su curso judicial. De momento y a lo ya conocido hay que añadir que ha sido denunciado por tres jubilados un viceconsejero de la Consejería de Empleo, Justo Mañas, por haber cortado el pago de sus mensualidades. Además, se ha sabido que algunas "embajadas" andaluzas en el exterior han sido financiadas con el "fondo de reptiles". Por último, tres nuevos fraudes han sido descubiertos en la Consejería de Empleo cuyas subvenciones han ido a parar a empresas que contrataban a discapacitados.
Tres nuevas querellas
A finales del pasado año se presentaron tres nuevas querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento que ocurrió el fraude de los ERE, el de la Consejería de Empleo cuyos niveles de irregularidad y corrupción son cuando menos, clamorosos.
Según ABC, las empresas investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter. La investigación de Puerto Júpiter será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz pero las otras serán tratados en dos juzgados de instrucción de
Centro de Trabajo Andalucía Centro fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa, María de Gracia Ábalos.
Esta empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados pero luego, antes de que concluyera el período de pruebas de estos, los despedía o los traspasaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba en este caso la mujer, solicitando una nueva ayuda y sin abonar todos los salarios a los trabajadores. Entre las dos empresas llegaron a recibir tres millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía.
En otro juzgado de Sevilla hay otra investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados y que se concedieron a la empresa MKF que contrató a sordos para coger el teléfono.
Quedan pendientes el fraude en las ayudas subvencionadas por la Unión Europea que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz y el caso que hay en un juzgado de Loja y que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.
"Embajadas" pagadas con el fondo de reptiles
También se ha usado el dinero para el paro de los "fondos de reptiles" para financiar las "embajadas" que la Junta de Andalucía tiene en Madrid y Bruselas. La consejería de Presidencia, cuyo titular era Gaspar Zarrías, desvió dinero al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —que luego pasó a llamarse Agencia IDEA— para sufragar los gastos de funcionamiento de las delegaciones institucionales del Gobierno andaluz.
Antonio Sanz, número dos del PP-A calcula que entre los años 2004 y 2006 Presidencia, que entonces estaba bajo el mando del consejero Gaspar Zarrías, destinó 1,35 millones de euros a la Delegación de Bruselas y 650.880 euros a la de Madrid desviándolos a través del IFA.
Además, se ha sabido que siete consejerías usaron la fórmula de pago, según estimó el PP en un escrito remitido al juzgado. El desembolso superó los 4.300 millones de euros entre 2001 y 2010.
Viceconsejero de Empleo denunciado
La agencia EFE ha informado de que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga una nueva denuncia por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios, presentada por tres prejubilados de la empresa Mercasevilla por dejar de cobrar sus mensualidades.
La denuncia se dirige contra el viceconsejero Mañas, el director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, y dos sucesivos jefes del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral, R.A. y P.F. Los denunciantes son tres de los 74 trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE del 2003 del mercado central sevillano, que imputan un delito de prevaricación porque desde el pasado mayo, a raíz de la investigación sobre los ERE fraudulentos, dejaron de cobrar sus prejubilaciones.
La Consejería de Empleo aseguró ayer que los tres prejubilados de Mercasevilla que han denunciado por prevaricación a cuatro cargos de la Consejería de Empleo no cumplían los requisitos aprobados en el ERE.