Fernando de Pablo, abogado del exdirector de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha dicho esta mañana que su cliente no ha comprado ni ha ordenado comprar "cocaína ni nada de eso" con el dinero público de las subvenciones.
El abogado de Guerrero ha desmentido que "vaya a tirar la manta" cuando declare ante el juez, pero adelanta que pueden aparecer más implicados. "Dará las explicaciones que tenga que dar".
De Pablo niega que Guerrero ordenase a su chófer comprar cocaína a costa del dinero de los ERE. Sin embargo, advierte por segunda vez, que cuando el tribunal le pida explicaciones las dará, lo que puede conducir a la irrupción de nuevos implicados en la trama.
"Esa declaración es absolutamente falsa y vamos a interponer una querella contra él. No ha recibido dinero ni absolutamente nada. Sí se otorgaron subvenciones a tres empresas mercantiles turísticas de Sierra Morena y entre ellas estaba una en la que su conductor tenía acciones. No es un despropósito entregar subvenciones a empresas que tienen un plan de viabilidad y cumplen determinadas condiciones. Nadie comprueba quienes son los accionistas de una compañía como para no entregarle o no una subvención", ha dicho textualmente.
El abogado ha añadido que "se otorgaron para un determinado fin y proyecto pero parece ser que luego el chófer lo destinó a otra cosa y no declaró las ayudas a Hacienda. La labor del director general de Empleo no es la de ejercer el control. Está habiendo un auténtico descontrol. Además, a mi cliente le dejan volver a su trabajo en la función pública".
Europa Press afirma que la Junta de Andalucía ha decidido suspender el reingreso como funcionario del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares como "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".
La Junta ha decidido la "suspensión provisional de funciones" de Guerrero como funcionario "de manera simultánea a su reingreso al servicio activo" al entender que "aun cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".
No obstante, fuentes de la Junta recuerdan que "el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial aun cuando dicha medida no hubiera sido adoptada por el órgano judicial".
En este sentido, la Junta sostiene que, "aunque la presunta comisión de dichos delitos no tuvo lugar en el desempeño de sus funciones como personal funcionario de la Junta sino en el ejercicio de su cargo de Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo, los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales supuestamente infringidos pueden lesionarse tanto desde la condición de autoridad administrativa de la Junta de Andalucía como también desde la de personal funcionario de la misma".