La juez Alaya pide la instrucción del escándalo de la cocaína

La juez de Sevilla que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a dos juzgados de Andújar (Jaén) que se inhiban en la causa del chófer del exdirector general de Empleo Francisco Guerrero, quien ha declarado que se gastó las ayudas en cocaína, bares y fiestas.

Fuentes del caso han informado este lunes a Efe de que la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido asumir esta investigación de los juzgados de Andújar, abierta desde 2010 por denuncia de la Agencia Tributaria, porque entiende que tiene relación directa con la trama de los ERE fraudulentos.

Los juzgados número 1 y 2 de Andújar abrieron sendas diligencias contra Juan Francisco T.B., chófer de Guerrero, por no declarar dos subvenciones de 450.000 euros cada una que recibió en 2004 para dos empresas de su propiedad, denominadas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial S.L..

El chófer declaró ante los jueces y reconoció haber percibido las ayudas y no haberlas destinado al fin previsto, pero no fue hasta finales de 2010 cuando declaró voluntariamente ante la Policía y desveló además que parte de ese dinero lo destinó a comprar cocaína para él mismo y para Guerrero, así como para fiestas, copas, material de telefonía, antigüedades y ropa.

Esa confesión fue ratificada a finales de 2010 ante los jueces, a quienes manifestó que se gastó parte de las ayudas en "bares, copas y coca", en declaraciones que han sido remitidas a la juez que investiga el fraude en los ERE financiados por la Junta y otras ayudas oficiales.

En un auto fechado el pasado 29 de diciembre, la juez Alaya ha pedido a sus colegas de Andújar que se inhiban en este presunto fraude en subvenciones, por entender que guarda relación directa con el sumario que instruye ella misma.

Según el chófer, con los 900.000 euros percibidos se compró un terreno en la sierra de Jaén destinado a casas rurales y un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa.

El chófer declaró que parte del dinero "se lo dio en mano a su jefe", lo que según las citadas fuentes supone un "salto cualitativo" pues se trata del primer "intruso" que declara que Guerrero recibió personalmente parte de las cantidades obtenidas ilícitamente por su mediación.

Según la declaración policial del conductor, "la mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él" y para "otros gastos como ir de fiestas y de copas".

Francisco Javier Guerrero es el principal imputado en la investigación de la juez de instrucción 6 por los ERE fraudulentos y otras subvenciones de la Junta, que hasta el momento acumulan más de un centenar de ayudas irregulares