La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada manifiesta en un informe su sorpresa porque el Gobierno balear no exigiera al Instituto Nóos la presentación de una liquidación y justificantes tras organizar dos foros de turismo y deporte presupuestados en 3,3 millones de fondos públicos.
El informe fue elaborado el pasado octubre por la unidad de apoyo de la Fiscalía Especial y figura en el sumario de diligencias previas de la pieza separada del caso Palma Arena en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin, al que ha tenido acceso Efe.
La Fiscalía remarca que el convenio de colaboración firmado en julio de 2005 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y el Instituto Nóos para poner en marcha la Cumbre Internacional sobre Deporte y Turismo celebrada en Palma "no contiene ninguna cláusula ni previsión relativa al control del incumplimiento de las obligaciones y actividades que se compromete a efectuar Nóos".
Este primer foro tuvo un coste de 1,2 millones de euros y en su informe la Fiscalía manifiesta su sorpresa ante el hecho de que el Ibatur no exigiera "la presentación de una liquidación del presupuesto inicial con sus correspondientes justificantes".
El informe destaca también que la Fundación Illesport hizo dos primeros pagos a Nóos para celebrar el segundo foro, antes incluso de que se firmara el contrato de esa segunda edición, por 1,1 millones.
En concreto, la Fundación Illesport pagó 140.000 euros a Nóos el 18 de enero de 2006 y 139.000 euros el 24 de abril, cuando la firma del contrato no fue hasta el 17 de septiembre de ese año.
Si bien el segundo acuerdo especifica que el pago por parte del Gobierno balear queda condicionado a la ejecución de los compromisos por parte del organizador, la Fiscalía advierte de que tampoco consta que se hayan cumplido y que Nóos entregara los estudios, memorandos y el plan estratégico correspondientes, informa Efe.
El informe de la Fiscalía concluye que existe la obligación por parte de la administración de requerir la justificación de las cantidades entregadas en virtud de un contrato, algo que no se hizo en el caso de los dos foros organizados por Nóos.
Por otra parte, el informe indica que en ambos acuerdos debería haberse utilizado la fórmula del contrato de consultoría y asistencia, regulada en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) y no la del convenio de colaboración.
Advierte de que "no se deben celebrar convenios de colaboración con personas sujetas al derecho privado cuando el objeto del convenio está regulado por la Ley de Contratos".
La Fiscalía recuerda una moción de 2010 del Tribunal de Cuentas que alertaba de que bajo la apariencia formal de convenios de colaboración se han tramitado "auténticos contratos administrativos" para eludir la aplicación de la legislación contractual.
El informe concluye que los convenios entre el Gobierno balear y Nóos adolecen de "casi todos los defectos" señalados por el Tribunal de Cuentas" como que con esta fórmula no se da la publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública, tampoco sigue el procedimiento para la concesión de subvenciones públicas y genera inseguridad en el plano presupuestario
La Fiscalía, sorprendida de que el Gobierno balear no exigiera justificantes a Nóos
Anticorrupción sostiene que existe la obligación por parte de la administración de requerir la justificación de contratos.
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