Amaiur, la marca electoral de ETA y nombre también de uno de sus grupos de asesinos, ya dispone de un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Su presencia en la sede de la soberanía popular española devuelve la lucha ideológica contra el terrorismo a los años de plomo y Batasuna. Después del proceso de negociación entre el Gobierno y ETA, la banda terrorista ha conseguido uno de sus principales objetivos sin haber tenido que disolverse ni entregar las armas, manteniéndose como garante de un "proceso" sin haber renunciado de forma efectiva, definitiva y comprobable a la violencia. A partir de ahora, sus diputados gozarán de una asignación especial por tener grupo parlamentario de más de cien mil euros al año e incluso podrán contratar personal subalterno a cargo de los presupuestos del Estado, con lo que las vías de financiación de los terroristas añaden al "impuesto revolucionario" el dinero público, tal como explica Mikel Buesa en su último libro.
"Si el entramado etarra pudo manejar al menos 28,1 millones de euros al año entre 1993 y 2002, en la etapa más reciente sólo ha dispuesto de 7,5 millones anuales. La ilegalización de Batasuna y la suspensión judicial de las actividades de una buena parte de las organizaciones que estuvieron en la órbita de ETA han ocasionado una gran dificultad para que ésta se provea de recursos financieros. Ello no obsta para que la organización terrorista cuente aún con posibilidades de obtención de fondos, en especial si logra mantener su representación política en el Parlamento vasco y en los ayuntamientos", se puede leer en "ETA. S.A", la obra de Buesa.
La constitución del grupo propio de la coalición proetarra es una de las herencias de un "proceso de paz" que el PSOE inició antes de su llegada al poder y que Zapatero y Rubalcaba impulsaron por encima de "accidentes" como el asesinato de dos ciudadanos en la T-4 o al margen de cualquier garantía efectiva de los terroristas sobre sus intenciones. Con un par de comunicados a cargo de los encapuchados habituales, ETA ha logrado una sentencia a favor de Bildu en el Constitucional y que Amaiur no pasara ni siquiera el trámite de una resolución judicial sobre su legalidad. De este modo, culmina el desmantelamiento de la política antiterrorista que condujo a ETA a la situación de mayor debilidad de la historia. La ilegalización de Batasuna, lejos de provocar un estallido social en el País Vasco, fue una medida clave para aislar a la banda terrorista y reducir al mínimo su apoyo. Además, evitó que millones de euros procedentes de fondos públicos se dedicaran a financiar las actividades terroristas.
Ahora, ocho años después de que los atentados del 11-M dieran paso al primer Gobierno de Zapatero, ETA dispone de voz y voto en el Congreso, además de una potente representación en las instituciones locales vascas. El siguiente paso ya es cuesta abajo: las próximas elecciones autonómicas, en las que el candidato de los terroristas podría alcanzar la "lendakaritza".