Un jurado popular decidirá si Camps cometió delito con los trajes

Francisco Camps vuelve a la primera plana de la actualidad. Cuatro meses después de su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana va a defender de nuevo su inocencia, aunque en esta ocasión ante un jurado popular. Nueve ciudadanos deberán pronunciarse sobre si hay cohecho impropio en el caso de los trajes, los que le habrían regalado los cabecillas de la trama Gürtel. Junto a él, se sentará el que fuera su número dos del PP valenciano, Ricardo Costa. No así otros dos de sus antiguos colaboradores, Víctor Campos y Rafael Betoret, que se declararon culpables, tal y como quería la dirección nacional de los populares.

El artículo 426 del Código Penal define el delito que habrían cometido Camps y Costa: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses". Es decir, que la acusación considera que los líderes de la trama corrupta le regalaron a Camps los trajes a cambio de concesiones públicas, como sin duda recibió de la Generalitat Valenciana la empresa Orange Market.

Este lunes por la tarde -horas después de que en la Junta Directiva Nacional del PP Mariano Rajoy comunique sus candidatos a presidir el Congreso y el Senado- declararán ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia los dos acusados. Si logran demostrar que pagaron los trajes no habría caso, y si no deberán demostrar al menos que los regalos no tuvieron nada que ver con su cargo. Esto último parece más fácil en el caso de Costa, ya que su ámbito de responsabilidad se circunscribía al partido y no al Gobierno regional. Una línea en la que ya ha incidido su defensa previamente al juicio.

La elección de los 11 miembros del jurado, 9 titulares y dos suplentes, no ha estado exenta de polémica. Uno de ellos es una mujer que fue candidata del PSOE a las municipales del pasado 22 de mayo. Algo que chirría por un doble motivo, su innegable antagonismo político con Camps y Costa y porque la acusación popular la ejercen cuatro diputados socialistas, incluido el que fuera su portavoz Ángel Luna. Sin embargo, la defensa de Costa llegó tarde para recusarla, después de que la mujer ocultase su condición de candidata socialista durante el proceso de selección del jurado. Pese a todo, la recusación puede plantearse de nuevo en el momento de comenzar el juicio.

Unas 40 personas podrán asistir como público a la vista, que tiene su plato fuerte en la declaración inicial de Camps y Costa. En los días sucesivos comparecerán como testigos los acusados que se inculparon, Campos y Betoret, los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes y el sastre José Tomás, el hombre que desde el primer momento acusó a Camps de no haber pagado los trajes.