Después de recibir el varapalo más duro de su carrera cuando el Pleno de la Audiencia Nacional revocó el auto de procesamiento de los tres policías imputados en el chivatazo a ETA, ahora el juez Pablo Ruz está decidido a seguir adelante con la investigación.
Por este motivo lo primero que ha hecho es preguntar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que encabeza Javier Zaragoza, qué diligencias debe practicar "para completar la investigación". En concreto, el magistrado pregunta al Ministerio Público que se pronuncie sobre las pruebas pedidas por la representación legal del inspector José María Ballesteros, sobre las diligencias interesadas por la asociación Dignidad y Justicia y sobre "cualesquiera otras diligencias que estimara pertinentes para el buen fin de la instrucción".
Asimismo, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional pide a la secretaria judicial "que dé fe" de algunos de los datos objetivos que constan en el sumario del caso Faisán y que el Pleno cuestionó en el auto notificado el pasado 3 de noviembre.
En esta resolución los catorce jueces de lo Penal de la AN sostuvieron que de las pesquisas practicadas por Pablo Ruz que obran en el sumario no se puede afirmar que la llamada de la filtración se produjese en el interior del bar Faisán o en otro sitio, ni que la persona que entregó el teléfono móvil al presunto miembro de ETA Joseba Elosúa fuese el inspector Ballesteros, ni tampoco que el soplo se produjese a las 11y 20 de la mañana del 4 de mayo ni menos aún que estemos ante una delación policial.
Por esta razón, Ruz insta ahora a la secretaria del Juzgado Número 5 a verificar la hora en la Policía sitúa la filtración al dueño del bar Faisán, la presencia de Ballesteros en las grabaciones videográficas de vigilancia del mencionado establecimiento y qué tipo de llamadas se han tenido en cuenta en las resoluciones judiciales.
Una vez que el fiscal se pronuncie al respecto es previsible que el juez admita el trámite de las diligencias propuestas.
Actualmente, el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el inspector de Policía, José María Ballesteros, y Enrique Pamiés, jefe Superior de la Policía del País Vasco, se encuentran imputados en el caso Faisán.