La defensa del inspector de Policía José Luis Ballesteros ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ponga fin al "calvario" que asegura estar sufriendo desde hace años y le retire la imputación por el chivatazo al aparato de extorsión de la organización terrorista ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el letrado de Ballesteros, José Luis Vegas, suplica al magistrado instructor que "a la mayor brevedad posible" retire la imputación al inspector, una vez que la Sala de lo Penal dictó el pasado 3 de noviembre en el que revocaba su procesamiento y los del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.
"Encarecidamente y sin más injustificable dilación y demora, le instamos a que cumpla el contenido de dicho auto, pues mantener la condición de imputado, sin ninguna justificación, mantener un proceso exclusivamente político, sin ahora ninguna premura o interés, resulta hiriente y sinceramente penoso", señala esta parte.
El abogado de Ballesteros, al que Ruz retiró las medidas cautelares que pesaban contra él, reprocha al magistrado que le haya obligado a "vivir prácticamente en la Audiencia Nacional" y que todas las solicitudes que ha realizado en el marco de esta causa hayan sido contestadas desde el "ninguneo", lo cual califica como "de todo punto intolerable".
De igual modo, sostiene que la causa del chivatazo era "un globo hinchado" que, tras la revocación de los procesamientos, se ha demostrado que "carecía de aire hasta desinflarse por completo". Además del juez, la defensa del inspector culpa de esta situación al "desastroso" equipo de investigación que dirigía el comisario Carlos Germán, para el que ha solicitado la imputación.
En su auto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reprochaba al juez Ruz que existían "inconsistencias relevantes" en su instrucción, por lo que debía llevar a cabo diligencias "complementarias o de contraste" ajenas a la tesis del equipo investigador.
La resolución judicial, notificada 44 días después de que la Sala de lo Penal estudiara los recursos de apelación contra el procesamiento presentados por los imputados, que fueron estimados parcialmente, señalaba que los indicios de delito que existen contra los responsables policiales no son "suficientemente firmes". "Si el cimiento falla, se desmorona el resto del edificio", indicaba el auto.