El "fraude inaudito" de la Fundación DeSevilla, obra de IU y PSOE

Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, puso en marcha el 23 de mayo de 2011 –un día después de perder las elecciones municipales en Sevilla- un ERE sobre la Fundación DeSevilla, dominada por la formación comunista. Un informe jurídico considera un "fraude inaudito" el ERE de la Fundación en el que se evidencian contratos a dedo, causa irreal del mismo, fechas discordantes y exceso de personal y de sueldos. El informe subraya las responsabilidades penales que se derivan de los hechos.

El expediente de regulación de empleo afectó a 7 de los 12 empleados de la Fundación y su despido fue por causas económicas y productivas. Entre los no afectados está Domingo Enrique Castaño, asesor de Monteseirín imputado en el caso Mercasevilla que ingresó en DeSevilla el 1 de junio, después de comenzarse la tramitación del expediente.

El informe jurídico subraya el enchufismo descarado en la Fundación puesto que refleja que "solamente existe constancia de dos procesos públicos de contratación de personal, siendo contratada la práctica totalidad de los empleados discrecionalmente por la dirección", que "se aprecian excesos de cobros por personal en ciertos momentos", o que en el año 2010 hubo "en gastos de personal un exceso de 131.220 euros sobre lo presupuestado".

La auditoría realizada en octubre, cuenta ABC, enumera múltiples "irregularidades" en la tramitación "a toda prisa" del citado ERE y señala tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, pues "es inusual que la Delegación de Empleo haya tramitado el ERE con esta velocidad y tampoco se haya cuestionado la realidad de la causa en una entidad pública". "Resulta inaudito que no lo haya hecho", reitera el informe que concluye diciendo que "por la forma en que se gestó el acuerdo entre empresa y trabajadores y por la gestión documental del ERE", las irregularidades detectadas "podrían entenderse constitutivas de fraude, con los efectos jurídicos severos que se derivan de ello". Es más, a juicio de los auditores, estos hechos "podrían generar responsabilidades penales por conductas falsarias o defraudatorias de los particulares o funcionarios públicos intervinientes", además de las contables y administrativas.

Por ejemplo, "llama la atención que se haya llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en sólo dos reuniones, una el día 23 de mayo —el posterior a las elecciones—, fecha en la que supuestamente se presentó la solicitud del ERE, y otra el día 2 de junio".

Y hay otra discordancia de fechas: "La solicitud del ERE es de fecha 3 de junio de 2011, luego no se entiende por qué ya en fecha 2 de junio se habría aportado documentación a la Autoridad Laboral". Y es que la investigación delata que nada concuerda: "Según los archivos informáticos que nos ha facilitado el anterior gerente, el señor Blanco, tanto el acta de apertura del periodo de consultas de 23 de mayo como la final de 2 de junio son documentos creados el 1 de junio". Asimismo, "la petición de informe a la representante de los trabajadores está fechada el 23 de mayo, aunque el archivo informático está creado el 9 de junio".

Luego está la realidad de las causas que conducen a la petición de ERE. Según sus impulsores, los planes o programas que realiza la Fundación terminan con la finalización del mandato de la Corporación. Pero para los auditores, "aparte de convertir en causa un criterio de oportunidad o un programa político, existen cartas a terceros en que se les dice que la continuidad de los planes depende de la siguiente Corporación", es decir, del PP. Por todo ello, "la causa, en sentido jurídico, no parece real ni proporcional en la fecha de inicio del ERE ni en la fecha de su solicitud ante la Administración, ni siquiera en la fecha de resolución por ésta", en tanto que "este ERE se ha tramitado a toda prisa y con los errores propios de la ligereza".

Extraña además que el citado expediente de regulación de empleo se produzca en un momento en el que la política de regulación de empleo de la Junta está siendo investigada. No obstante, la Inspección de Trabajo informó favorablemente sin cuestionar la causa invocada, pese a tratarse de una entidad pública y pese a los antecedentes de Mercasevilla.

Es "inaudito", dice el Informe, que tenga lugar este procedimiento porque "desde que se conocieron diversas resoluciones judiciales penales sobre el caso de intrusos en ERE's, la Inspección analiza la realidad de las causas incluso cuando hay acuerdo de empresa y trabajadores para evitar los casos de fraude", algo que "no ha hecho" en este caso.