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Griñán pide que se impute a un hermano de Borbolla en el caso de los ERE

Es la primera vez que la Junta solicita la imputación de los empresarios beneficiados por el fondo para empresas en crisis que contó con 647 millones.

La Junta de Andalucía, que preside José Antonio Griñán, ha pedido la imputación de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla, por los más de cinco millones en subvenciones directas que recibió una de las tres empresas participadas por él.

El caso se incluye en el caso general de los ERE. En un giro de timón, califica El País, aún inexplicable pero que parece recordar viejas luchas intestinas, es la primera vez que la Junta solicita la imputación de los empresarios beneficiados por el fondo para empresas en crisis que contó con 647 millones.

Rodríguez de la Borbolla fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) durante más de una década hasta 2010, así como administrador de Corchos Higuera y apoderado de Corchos de Cazalla. En total, las sociedades percibieron 7,8 millones.

Fue precisamente el letrado de la Junta quien presentó el pasado 28 de octubre un escrito que pide a la juez instructora, Mercedes Alaya, la imputación de siete personas, entre ellas Rodríguez de la Borbolla, los exconcejales socialistas y exsocios José Enrique Rosendo, hijo de ex alcalde socialista de El Pedroso y exconcejal del ayuntamiento y José María Sayago, su socio, y los empresarios Rafael Ávila, Alfonso Seoane, Eduardo Lora y José Enrique Contreras. De momento, el caso acumula 30 imputados.

Cinco días antes de las elecciones, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, explicó que la Junta había denunciado una "trama" de 18 empresas de la Sierra Norte de Sevilla, pero omitió dar los nombres de los empresarios y explicar que el Ejecutivo había pedido sus imputaciones judiciales.

Entre las 5.000 nuevas páginas del sumario, que acumula ya 11.175, figura este escrito de la Junta en el que se dice: "Es evidente que la concesión de ayudas por el señor Guerrero a las empresas se realizó omitiendo deliberadamente trámites tan esenciales a fin de eludir la determinación del objeto de la subvención", firmando el abogado de la Junta que persiste en la estrategia de centrar todo el caso en el exdirector general de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Pide asimismo que declaren como testigos dos empleados del BBVA, la exsecretaria de Guerrero, María Ángeles G. y el abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, donde trabajó el intermediario imputado Juan Lanzas. No dice una palabra sobre la advertencia de la Intervención de la Junta a José Antonio Griñán sobre la ilegalidad del procedimiento.

Sigue contando El País que este letrado, Carlos Leal, abonó 240.000 euros a la sociedad municipal de Desarrollo Local de El Pedroso (Sevilla), el pueblo del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, después de que este se lo pidiera a través de su secretaria. Este insólito pago de un bufete a una empresa municipal a través de la Consejería de Empleo desvela una sospechosa connivencia entre Guerrero y Leal. "Obedece a un asunto de unos clientes nuestros. Es una cuestión que tiene que ver con un amigo de la infancia de Guerrero y un proyecto inmobiliario en El Pedroso", alegó ayer Leal. "Todo es posible si ha habido unos clientes de por medio y unos informes", añadió. Estudios Jurídicos Villasís ha llegado a percibir por sus gestiones de asesoría jurídica en los ERE hasta 1,5 millones de los fondos públicos en solo un año.

Por otra parte, José Antonio Viera, congresista electo del PSOE, firmó como consejero de Empleo en 2003 un convenio con el Ayuntamiento de Coria del Río para un estudio de viabilidad para desarrollar la actividad productiva, cuyo coste de 72.000 euros se cargó al fondo para empresas en crisis. Mientras, ayer la fiscalía pidió una fianza de 256.000 euros para Victorina Madrid, la suegra de Guerrero, ya que cobró ilegalmente de dos pólizas diferentes. El exfutbolista José Antonio Gómez percibió 491.000 euros. Ambos intrusos se negaron a declarar ante la juez.         

Con este paso, Griñán parece advertir incluso a sus correligionarios que estamos en una etapa de "sálvese quien pueda" y que no está dispuesto a sacrificar su futuro en las elecciones andaluzas por nada ni por nadie.

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