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Caso ERE

Griñán sigue sin dar todos los papeles a la juez Alaya

La juez ha tenido que pedírselos por cuarta vez.

Por una parte, el PSOE se esfuerza en demostrar que colabora con la investigación de la juez Alaya. Pero una y otra vez, sus hechos desmienten a sus palabras. Se ha sabido ahora que la juez ha tenido que pedir, por cuarta vez, a la Consejería de Empleo 84 informes del «fondo de reptiles». Según la juez, desde el pasado mes de abril, la Junta le da papeles incompletos y sin valor jurídico y le exige que le remita las copias íntegras y compulsadas de los documentos. Estos 84 informes completos sobre ayudas a prejubilaciones, empresas y ayuntamientos sufragadas con el «fondo de reptiles» han sido reclamados por la juez desde el 16 de abril. Ahora, en un nuevo auto, dictado el pasado viernes del que informa ABC la magistrada vuelve a quejarse de que el Gobierno andaluz no le entrega toda la documentación.

Entre los informes que requiere la juez —«un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos», como ésta llegó a calificarlos—, abundan «notas manuscritas y borradores» que, a su juicio, puede contener «información relevante para la causa».

Para no entregar los papeles, la Junta tiene que admitir que algunos expedientes no están firmados, lo que nos da idea del desmadre y el descontrol con el que se usaron las ayudas a las prejubilaciones y empresas. El juzgado de instrucción seis ya reclamó a la Junta los mismos expedientes a través de otros tres autos el 16 de abril pasado, así como el 14 y 27 de septiembre. Entre los informes que requiere porque «no se encuentran dentro de las cajas» cita expresamente las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Santiponce y a la empresa Refractarios de Sevilla, que recibieron 30.050 y 721.214 euros, respectivamente.

Tampoco encuentra la juez entre los papeles de la Junta las cuantías abonadas a 12 de los 72 supuestos intrusos, que se beneficiaron de pólizas subvencionadas para prejubilarse en empresas donde no trabajaron nunca. Esa información es necesaria puesto que la juez puede proceder a fijar una fianza a los implicados, pero la cuantía de la misma debe ser proporcional a lo percibido. Entre ellos figuran el exalcalde socialista de El Pedroso. Rafael Rosendo, que ha devuelto ya a la Junta 112.900 euros percibidos tras colarse en el ERE de Cydeplast, así como María del Carmen Fontela y María José de la Rosa, intrusas en el expediente de regulación de Río Grande. Fontela declaró que un agente de la aseguradora Vitalia le ingresó 1.700 euros del «fondo de reptiles» «para que se tomara una cerveza».

Mercedes Alaya también requiere a la Junta «el informe del procedimiento seguido por la Consejería de Empleo» para traspasar la gestión de las ayudas sociolaborales a la Agencia IDEA, el ente de la administración paralela que se hace cargo de las subvenciones. Según relata en su resolución, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, reconoció que «no consta que el Consejo de Gobierno haya adoptado ningún acuerdo» en relación a la orden de encomienda de gestión firmada por Recio en abril de 2010, por la que transfirió 55,16 millones a la polémica partida 31L. O sea, se hizo al margen del gobierno.

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