La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga 2.850.000 euros en fianzas a las 14 personas imputadas que ya han prestado declaración judicial dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada.
Según el acta de la audiencia celebrada en la mañana de este jueves para analizar las medidas cautelares a imponer, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que imponga 2.850.000 euros en fianzas a los 14 imputados, mientras que el letrado de la Junta de Andalucía se ha adherido "en lo sustancial" a lo solicitado por el Ministerio Público aunque ha pedido que, "atendiendo al importe satisfecho para el pago de las pólizas", las fianzas asciendan a 3.295.000 euros.
De su lado, los abogados de los 14 imputados se han opuesto a la imposición de dichas fianzas y, en el caso del exalcalde de la localidad sevillana de El Pedroso Rafael Rosendo (PSOE), su letrado se ha opuesto al entender que su representado "no puede ser calificado como intruso en ningún ERE", y, en segundo lugar, porque este mismo miércoles consignó la cantidad de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de la entidad Fortia Vida, con lo que "están suficientemente aseguradas las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".