La Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona en sociedades vinculadas al Instituto Nóos, y la información solicitada a la Consejería de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de la Comunidad Valenciana. El diario El País informa hoy de que la Fiscalía está a punto imputar al yerno del rey.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que han detallado que, tras analizar toda esta documentación, se esperará al resultado de las declaraciones de los testigos que se llevarán a cabo durante los próximos días derivadas de toda la documentación incautada. Posteriormente, según han señalado, la Fiscalía analizará si finalmente se imputa o no al marido de la Infanta Cristina.
Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto Urdangarín como quien fue su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
Así consta en el auto, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern Balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio, Diego Torres, montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.
Así consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, en empresas de Barcelona de este supuesto entramado.
La operación se ha saldado ya con el registro de varias de estas sociedades y también de la vivienda de Torres, a quien el fiscal tomó declaración anoche.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que el juez deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible citación como imputado de Urdangarín en el juzgado de Palma.
Según refleja el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euroa entre el Gobierno balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos.
Relata que Urdangarín entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y, al año siguiente, ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.
"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", afirma el fiscal. Añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos. "La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".
Estas empresas, registradas esta semana en Barcelona en el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarín), así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que, en muchos casos, comparten sede social.
Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Gobierno balear y Nóos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.
En el caso del primero, por 1,2 millones, el fiscal afirma que Urdangarín y Torres "se concertaron" con el expresidente Matas y el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester para "beneficiar de forma fraudulenta" al instituto usando un procedimiento administrativo irregular y fijando un precio "totalmente desproporcionado".
El contenido del segundo convenio, añade, es "prácticamente idéntico" y su cantidad, 1,1 millones, se estipuló sin responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos casos, "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados".
En el auto, el juez dispone los registros llevados a cabo en esta operación y manda analizar todas las operaciones de estas empresas con Torres y Urdangarín, así como con varios políticos baleares: el expresidente Jaume Matas; el que fuera conseller balear de Turismo con este último en la legislatura 2003-2007, Joan Flaquer; la consellera de Presidencia y Deportes en ese periodo, Rosa Puig, y el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester.
También manda que se examinen las operaciones que guardan relación con varios familiares de Torres supuestamente implicados en el entramado empresarial, como son Ana María Tejeiro (esposa de Torres), y Marcos y Miguel Tejeiro (hermanos de Ana María).